El avance del choque entre el Gobierno y el sistema universitario sigue sin encontrar una salida concreta, aun cuando continúa vigente la Ley de Financiamiento para las casas de estudio. En medio de tensiones internas, el oficialismo advirtió que el tema fue ensombrecido por diagnósticos y soluciones que se cruzan entre sí, ampliando la brecha entre sectores del propio poder.

A fines de febrero, la ala política de La Libertad Avanza llegó a redactar un nuevo proyecto de educación superior cuyo eje era restituir remuneraciones para el sector. Parte de ese texto ya había sido acordado con rectores por algunos funcionarios del ámbito educativo, y contenía un aspecto clave para el oficialismo: exigir la retirada de la demanda judicial para que la norma, que obtuvo insistencia parlamentaria, pudiera ser aplicada.

Desde Balcarce 50 sostienen que las autoridades de La Libertad Avanza empujaron a “cajonear” la iniciativa. El argumento era que esperaban un fallo judicial desfavorable a los reclamos universitarios y, por lo tanto, que la ley fuera desestimada. Ese pronóstico no se cumplió, y, por ende, el conflicto continúa. A la vez, el oficialismo no presenta una alternativa viable a corto plazo, más allá de reclamar a los tribunales la revisión de los fallos ya emitidos.

Tras la movilización estudiantil, que fue numerosa y terminó con la actuación de fuerzas de seguridad en la represión de manifestantes, emergieron las explicaciones del sector libertario. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que “este problema es producto de cumplir la ley, no de incumplirla”. Afirmó que las normas que asignan recursos fuera del presupuesto deben señalar claramente qué partidas cubren esos gastos; por ello, consideró que la iniciativa de financiamiento universitario incumplía ese requisito y que, en ese marco, debía promulgarse y suspender su aplicación al mismo tiempo.

Álvarez agregó que “votaron una ley violando la ley de administración financiera” y responsabilizó a los legisladores que respaldaron el proyecto. Defendió la gestión de los recursos para las instituciones públicas, subrayando que el Ejecutivo utiliza únicamente el presupuesto aprobado por el Congreso, aunque dejó abierta la posibilidad de acatar una modificación presupuestaria que apruebe el Poder Legislativo.

“Ejecutamos el presupuesto que aprueba el Congreso. Si el Congreso aprueba otro, ejecutaremos ese otro”, dijo el funcionario. Por su parte, NA constató que varios gobernadores, en su mayoría de la UCR, le pidieron al Ejecutivo que cierre el conflicto y advirtieron sobre posibles costos electorales en sus distritos si las protestas mantienen el volumen actual.