La Casa Rosada está determinando que la reforma del Código Penal viaje al Congreso antes de que termine el año y, al mismo tiempo, pretende convertir la seguridad en uno de los ejes de la agenda de cara a la campaña presidencial de 2027. En las filas oficiales se insiste en presentar la iniciativa como una reforma conjunta, sin dividirla en varios proyectos.
En Diputados, la iniciativa impulsada por la diputada Virginia Gallardo para modificar penas y reglas de prescripción no modificaría esa hoja de ruta. Desde la conducción legislativa sostienen que la propuesta buscó instalar ciertos temas de la agenda penal, pero no forma parte de una estrategia para reemplazar ni desmembrar la reforma que el Poder Ejecutivo está preparando.
El aspecto central sigue siendo resolver las diferencias entre el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, y los equipos que trabajan en la revisión jurídica del texto. A lo largo de los últimos meses circularon varios borradores y, si bien las discusiones persisten, las fuentes oficiales señalan que ya se redujo el consenso, con margen para cerrar el acuerdo antes de diciembre.
Una de las vías que gana terreno es acotar aproximadamente la mitad de la reforma original para obtener un texto intermedio. La versión inicial superaba los 900 artículos y proponía cambios amplios al Código vigente; la postura de Justicia, en cambio, contempla una intervención más acotada sobre la estructura actual.
La decisión política es mantener una fuente única para los cambios principales y no avanzar por etapas con bloques puntuales de endurecimiento de penas. Esto marca una diferencia con la idea que se había barajado de empezar con un paquete específico de endurecimiento mientras se continuaba debatiendo una reforma más amplia.
Entre los puntos que circulan en el borrador figuran aumentos de penas para varias modalidades de robo y hurto, incluyendo delitos cometidos con vehículos, entraderas y salideras. Se contempla además como agravante el uso de un vehículo para facilitar el robo o la fuga, con una posible pena que podría alcanzar los 15 años.
También se propone crear un delito específico para determinadas actividades de cuidacoches sin autorización, con agravantes en casos de violencia, participación de una organización o uso de armas. Otra modificación incluye la incorporación de como agravante el uso de drogas u otras sustancias para anular la voluntad de la víctima y sustraerla.
Un capítulo aparte analiza cambios a las reglas de legítima defensa, introduciendo una presunción favorable a quien intervenga en esas circunstancias. La definición final de estos cambios determinará qué artículos ingresarán al Congreso y cuáles quedarán fuera de una iniciativa que ha atravesado varias revisiones desde fines de 2025.
