La discusión sobre la discapacidad continúa dividiendo al Gobierno. En Diputados, el bloque oficial negocia con sus socios un proyecto que incorpora demandas del sector para impedir que la oposición vuelva a activar una declaración de emergencia, mientras en el Ejecutivo persisten reservas por el impacto presupuestario.
La conversación pasará hoy a la mesa política del Gobierno, que se reunirá a las 13 para delinear los próximos pasos de una negociación que sigue con final abierto.
“Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa”, reconoció el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, al comparecer ante la Cámara por el presupuesto 2027. Explicó que el dictamen acordado entre el bloque Libertad Avanza con la UCR, Pro y bloques provinciales no corresponde a una iniciativa originalmente impulsada por el Poder Ejecutivo.
La idea del Gobierno era endurecer el acceso a las pensiones, restituir el criterio de invalidez laboral y eliminar el nomenclador de prestaciones para dejar los valores a negociación entre prestadores (terapias, transporte y acompañamiento, entre otros servicios) y obras sociales y prepagas. Un cambio así beneficiaría a las grandes empresas de salud, pero encontró frenos en el Congreso desde el año pasado.
El oficialismo acumula siete votaciones adversas en materia de discapacidad, incluida la revocación de un veto presidencial, y también enfrentó resistencia de la Justicia, que mediante fallos reiterados obligó al Gobierno a aplicar la ley de emergencia.
La brecha entre lo que se quiere y lo que se puede aún no se cerró dentro del universo libertario. El equipo económico no renuncia a defender su posición, aunque la ala política busque una salida intermedia para evitar una crisis mayor. Las negociaciones con los aliados están a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de Diputados, Martín Menem; y la diputada Laura Rodríguez Machado.
El dictamen que lograron consensuar incorporó pilares de la ley de emergencia, como la compatibilidad de la pensión por discapacidad con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos, la pensión fijada en el 70% del haber mínimo jubilatorio y la continuidad del nomenclador de prestaciones.
Sin embargo, quedan puntos sensibles sin resolver. El texto no especifica cómo se actualizará el nomenclador, mientras que los aliados exigen garantías de que las prestaciones se ajustarán mensualmente por inflación. La iniciativa, eso sí, establece que los fondos asignados al Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.
Tampoco se incorporó un pedido de Pro para fijar un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores por la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, que no quedó contemplado en las actualizaciones de la propuesta.
