Buenos Aires, 21 octubre (NA) – La Cámara de Diputados harnessará una sesión especial para mañana, con un temario diverso que abarca desde la Inviolabilidad de la Propiedad Privada hasta la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, pasando por discapacidad y morosidad familiar, entre otros temas.

La iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada llega a Diputados con media sanción, luego de que la oposición peronista en el Senado desarmara varios capítulos, incluido el relativo a la Ley de Manejo del Fuego y la propuesta de derogar la Ley de Tierras Rurales, al advertirse que el artículo 154 del DNU 70/23 estaba derogado. Curiosamente, el Gobierno pretende ahora restituir la Ley de Tierras en el tramo legislativo de Diputados, en medio de la creciente preocupación social por la extranjerización y la amenaza de la oposición de liquidar el DNU 70.

En ese marco, se busca afianzar límites a la extranjerización: un tope del 30% a nivel nacional, provincial y departamental, y un techo de 1000 hectáreas en zonas núcleo del país, así como en áreas de espejos de agua y en zonas de frontera.

La versión reducida de la Ley de Propiedad Privada que quedó en pie tras la “limpieza” del Senado incluye modificaciones a la Ley de Expropiaciones y a la Ley de Desalojos. Estas reservas apuntan a restringir la capacidad del Estado para declarar la utilidad pública de inmuebles y a acelerar procesos de restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.

En materia de expropiaciones, el dictamen de mayoría propone un tope del 30% de indemnización por lucro cesante cuando esté debidamente acreditado. Los opositores sostienen que indexar el derecho público y el bien común al desempeño económico de una empresa privada desvirtúa la función social de la propiedad.

Respecto a desalojos por usurpación, se prevé que el juez pueda ordenar la entrega inmediata y, si el propietario lo solicita, intimar a la devolución en 72 horas, siempre que se aporte prueba documental de la titularidad del terreno, vivienda o campo.

En desalojos por mora (sin usurpación directa), tras la notificación de pago, los inquilinos tendrán al menos 10 días para regularizar deudas antes de que se inicie la acción de desalojo.

Existe un protocolo de vulnerabilidad que garantiza un plazo máximo de 10 días para gestionar una alternativa habitacional transitoria, con intervención del Ministerio Público Tutelar, cuando haya menores, discapacitados o adultos mayores desamparados en la ocupación.

Paralelamente, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada modifica la ley Pierri de regularización dominial para facilitar la escritura de la vivienda única a las familias que cumplen ciertos criterios.