Buenos Aires, 21 de octubre – La Cámara de Diputados llevó a cabo una sesión especial para tratar un proyecto oficial centrado en la inviolabilidad de la propiedad privada, que además propone restituir la Ley de Tierras Rurales impulsada por el kirchnerismo.

El texto llega a la Cámara con media sanción, marcador de un recorrido parlamentario donde la oposición peronista logró desguazar en el Senado ciertos capítulos, eliminando el apartado sobre la Ley de Manejo del Fuego y también el intento de derogar la Ley de Tierras Rurales, en un marco en que el artículo 154 del DNU 70/23 ya estaba derogado.

Paradoja del proceso: ahora el Gobierno busca reinstalar la Ley de Tierras en el tratamiento de Diputados, luego de que la oposición amenazara con deshacer todo el DNU 70 si avanzaban las modificaciones.

Entre los lineamientos que se mantienen figurean límites a la extranjerización: 30% como tope a nivel nacional, provincial y departamental, y una restricción de 1000 hectáreas en zonas núcleo del país, en miras a espejos de agua y zonas de frontera.

La versión reducida de la Ley de Propiedad Privada que quedó estable tras las modificaciones en el Senado incorpora cambios a la Ley de Expropiaciones para restringir la potestad del Estado de declarar la utilidad pública de inmuebles. También hay una reforma de la Ley de Desalojos destinada a acelerar los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.

El relator del dictamen del bloque oficialista, Santiago Santurio (La Libertad Avanza), afirmó que este gobierno, a través de la iniciativa, empieza a “garantizar el derecho a la propiedad”. Además, el presidente de la Comisión de Legislación General sostuvo que, ante las usurpaciones, la construcción de viviendas perdería rentabilidad.

Diego Giuliano (Unión por la Patria) remarcó que el oficialismo retoma la línea del peronismo de 2011, surgida bajo el gobierno de Cristina Kirchner cuando, en La Rioja, se cuestionó la posibilidad de comprar un pueblo con su gente adentro. Refirió que, tras las idas y vueltas entre la Corte Suprema y el giro pragmático del gobierno –que venció en el Senado al intentar derogar la Ley de Tierras y enfrentó la resistencia de aliados–, se decidió avanzar en Diputados incorporando la norma kirchnerista a la Ley de Inviolabilidad Privada. Giuliano afirmó que la Constitución debe leerse en su totalidad, recordando que, si bien reconoce la inviolabilidad de la propiedad, también subordina la ley al interés social, tal como establece el Pacto de San José de Costa Rica.

A su turno, Martín Lousteau (Pro Provincias Unidas) señaló el giro del oficialismo respecto de la Ley de Tierras y expresó críticas al cambio de postura.