En Buenos Aires, el gobierno provincial de Axel Kicillof presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto desvío del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, impulsando la colocación de esos fondos en instrumentos de deuda del Estado nacional.

La imputación fue formalizada por Gabriel Katopodis, titular de Infraestructura de la provincia, quien acusa a los funcionarios nacionales de malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionario público, retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Según el escrito al que accedió NA, la Provincia cuestiona la utilización irregular de más de 300.000 millones de pesos del fondo, que debían destinarse a obras de desagüe, saneamiento y prevención de inundaciones.

La denuncia sostiene que el fondo posee un destino legal único e irrevocable y que sus excedentes solo pueden invertirse en depósitos a plazo fijo en bancos oficiales de toda la Nación. Sin embargo, informes señalan que el 85,49% de esos recursos se colocó en deuda del Tesoro, en lugar de permanecer como reserva para obras.

La presentación añade que la interpretación de déficit cero no justifica, por sí misma, desviar recursos de su fin legal previsto. Además, se señaló una subejecución del dinero destinado a obra pública: de un total recaudado de 375.422,13 millones entre enero de 2024 y mayo de 2026, el Fondo financió obras por 115.990,24 millones (30,9%), quedando sin aplicar a obras 259.431,89 millones (69,1%).

Desde la Provincia advirtieron que, en su territorio, 17 de 27 obras hídricas se encuentran neutralizadas o con convenio rescindido, debido, en parte, a la falta de financiamiento por parte del Estado Nacional. Varias obras habrían sido interrumpidas en etapas avanzadas.

Katopodis afirmó, mediante un posteo en X, que muchas ciudades argentinas sufren la sequía extrema ligada al fenómeno El Niño, pero que el Gobierno nacional cobró el impuesto, desvió la plata y no ejecutó las obras.

Como parte de la denuncia, se pidió medidas urgentes ante la Justicia, entre ellas la preservación inmediata de la documentación relacionada con el Fondo: contrato de fideicomiso, actas de comité, instrucciones al fiduciario, constancias de suscripción de Letras, extractos bancarios y expedientes de neutralización o rescisión de las obras mencionadas, dirigidas a los organismos que poseen esa información.