El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra los manifestantes que protagonizaron incidentes durante la 5ª Marcha Federal Universitaria, realizada el jueves en las inmediaciones del Congreso. Los cargos incluyen resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.

La movilización, que exigía el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, concluyó con disturbios, detenciones, personal de seguridad con lesiones y daños en bienes y espacios públicos de la zona.

Según la denuncia, algunos participantes actuaron con los rostros encapuchados, participaron en actos de destrucción de bienes públicos y empuñaron objetos contundentes para atacar a los efectivos de las fuerzas federales desplegadas en el lugar.

El escrito también sostiene que los desbordes se produjeron mientras el Congreso sesionaba y que los hechos habrían tenido como objetivo obstaculizar total o parcialmente la actividad legislativa prevista para esa jornada.

Paralelamente, la cartera de Seguridad avanza en la recopilación de material audiovisual para identificar a los responsables de los destrozos y de las agresiones. La denuncia indica que los ataques se repitieron en distintos momentos de la marcha y que causaron lesiones a integrantes de las fuerzas de seguridad.

El balance provisional da cuenta de 25 personas detenidas en las inmediaciones del edificio legislativo. Entre los detenidos figura un adolescente de 14 años, requerido por lanzar piedras contra un móvil policial en la esquina de Montevideo y Bartolomé Mitre.

Asimismo, ocho agentes resultaron heridos durante el operativo: cuatro de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), dos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y dos de la Policía Federal Argentina (PFA). Según la denuncia, fueron atacados con piedras y otros objetos contundentes por grupos que se desengancharon de la columna principal de manifestantes.

También hubo daños en el espacio público. Una estimación preliminar del Gobierno de la Ciudad sitúa los destrozos en 90 millones de pesos, afectando mobiliario urbano, veredas, canteros y superficies verdes de la Plaza de los Dos Congresos y su entorno.

Con la denuncia presentada, el Ministerio de Seguridad busca identificar a los involucrados y sostener las imputaciones ante la Justicia mediante el material audiovisual recabado.