El proceso para trasladar a personas detenidas desde la cárcel federal de Devoto hacia el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz continúa avanzando a un ritmo acelerado. Esta dinámica, que podría influir en escenarios futuros si se concreta una visita del Papa León XIV al país, incluye un paso por la última unidad penal porteña vigente.

Sin embargo, una intervención de un órgano legislativo volvió a encender la polémica en torno al cierre del penal. Patricia Bullrich sostiene que el responsable de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), Ariel Cejas Meliare, busca bloquear estos traslados. En cinco días de operación, ya se trasladaron 1400 personas a Marcos Paz, lo que representa más del 93% de la población carcelaria.

Según información de Ámbito, la continuidad de los estudios universitarios de los integrantes del Centro Universitario de Devoto (CUD) quedará suspendida y sólo podrá avanzar tras un nuevo traslado de los estudiantes a la cárcel de Ezeiza.

Bullrich afirmó que dicha operación “quiere impedir el cierre de Devoto” y sostuvo que esa postura contraviene la función del procurador. En su visión, oponerse al cierre de una institución que describe como “medieval” podría obedecer a intereses ajenos a la sociedad que le financia.

Además, la exfuncionaria presentó un reclamo para que el procurador elabore “un informe pormenorizado, documentado y por escrito” sobre las motivaciones de su accionar. En su documentación, Bullrich también acusa a miembros de la PPN de ingresar celulares a pabellones de máxima seguridad y señala posibles conflictos de interés, apuntando a exfuncionarios del organismo que actualmente están ligados al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los 15 puntos que pidió detallar Bullrich figuran aspectos vinculados a estas presuntas irregularidades y a la gestión de los traslados, aunque no se especifican todos en el informe difundido.