Fernanda Miño, diputada nacional por Unión por la Patria, cuestionó al Gobierno por haber detenido las políticas de integración de los barrios populares y defendió una iniciativa destinada a ampliar por una década la emergencia sociourbana. El proyecto, que cuenta con el respaldo de más de 140 legisladores, apunta a recuperar financiamiento para obras de infraestructura y servicios esenciales.
En una entrevista con Infobae al Regreso, Miño, quien nació y reside en la villa La Cava, en San Isidro, afirmó que el flagelo de la falta de servicios básicos afecta a miles de familias y que existen recursos disponibles para retomar los trabajos pendientes. Aclaró que el proyecto surge de la Mesa Nacional de Barrios, pero subrayó que la discusión debe entender la trayectoria de trabajo realizada desde 2016 en torno a la urbanización y la integración.
La dirigente recordó que las políticas para barrios populares tomaron forma institucional con la creación del Registro Nacional de Barrios Populares y la aprobación de la Ley 27.453, proceso que involucró a diversas organizaciones sociales y entidades como Techo y Cáritas, y que logró sumar apoyo entre distintos sectores políticos. «Convencimos a diputados y senadores de que era una política pública necesaria», afirmó.
Entre los instrumentos relevantes destacó los certificados de vivienda, mecanismos que acreditan la residencia de las familias asentadas en los barrios registrados y funcionan como un título posesorio. Para Miño, la discusión actual no debe limitarse a la construcción de viviendas, sino a intervenir en los barrios ya existentes para garantizar infraestructura y servicios.
«Hay familias que ya requieren una vivienda, es decir, hay que avanzar en la integración ahora mismo», sostuvo. Según la diputada, existen más de 6.400 barrios populares en el país y persisten carencias en áreas clave: agua potable, energía y accesos; iluminación; espacios de encuentro y salones de usos múltiples. También indicó que la falta de infraestructura adecuada genera inundaciones y incendios vinculados a instalaciones eléctricas deficientes.
Durante su gestión, afirmó, se buscó cambiar el enfoque de las políticas habitacionales para priorizar la urbanización de barrios existentes, llevando servicios básicos a estas zonas. Mencionó, además, el programa Mi Pieza, destinado a brindar apoyo económico para ampliar o mejorar viviendas de mujeres en barrios populares, el cual, según Miño, benefició a unas 250.000 familias.
La funcionaria remarcó la necesidad de mantener la trayectoria de políticas públicas que apunten a la urbanización integral de las comunidades, con un énfasis continuo en infraestructura y servicios para las zonas ya urbanizadas del país.
