El Gobierno argentino presentó una denuncia por las operaciones de la firma THALES UK LIMITED en la ruta que une las Islas Malvinas con Punta Arenas, Chile. La aeronave involucrada está registrada en el Reino Unido y operaba sin autorización de las autoridades argentinas.
El presidente Javier Milei ordenó a los equipos de gestión estatal iniciar de inmediato los procesos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, además de activar las gestiones diplomáticas pertinentes. En el comunicado oficial se sostiene que Argentina no actuará con indiferencia y apostará a defender su soberanía mediante herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas, reafirmando que las Malvinas son parte de su territorio.
Asimismo, el Gobierno intimó formalmente al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, así como para evitar la concesión de nuevos permisos sobre recursos de la Plataforma Continental argentina.
En ese marco, Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo es impedir la explotación de hidrocarburos en Sea Lion y frenar la asignación de nuevos derechos sobre los recursos de la plataforma correspondiente a la Argentina.
Si Londres no da cumplimiento a la intimación, el Gobierno anunció que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) para obtener medidas provisionales que protejan sus derechos soberanos sobre la plataforma continental. El comunicado señala que la explotación unilateral de esos recursos contraviene el derecho internacional y genera un daño irreversible.
El titular del Ejecutivo compartió en sus redes que “las Malvinas son argentinas” y que la defensa de la soberanía se sustenta en hechos. En el texto oficial, el Gobierno también rechazó la respuesta británica al discurso de Milei ante la Asamblea General de la ONU y subrayó que la calificación de Malvinas como Territorio Británico de Ultramar y el referéndum de 2013 no reconocidos internacionalmente no modifican la disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas.
Entre los fundamentos referidos, el Gobierno aludió a resoluciones de la ONU que llaman a resolver pacíficamente la controversia y a encontrar soluciones mediante negociaciones entre ambas delegaciones.
