El juez federal Ariel Lijo decidió ampliar el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni para el periodo que va del 28 de febrero de 1998 al 31 de diciembre de 2011, abarcando desde el inicio de su vida laboral a los 18 años hasta la fecha en que se abrió la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La medida fue solicitada por el fiscal federal Gerardo Pollicita con el objetivo de acceder a las declaraciones juradas de impuestos, inscripciones tributarias, actividades declaradas, datos proporcionados por terceros y eventuales adhesiones a blanqueos, moratorias o regímenes de exteriorización de activos.
La diligencia también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti, bajo el mismo criterio, para el periodo entre el 10 de octubre de 2000 y el 31 de diciembre de 2011.
Paralelamente, Lijo autorizó una diligencia probatoria para verificar la explicación del imputado en el requerimiento de justificación patrimonial. La operación prevé convocar al defensor Matías Ledesma, en Comodoro Py, acompañado por un perito de parte, para que, con un sobre y una computadora portátil, el especialista de la defensa acceda a las cuentas a través de billeteras de administración (como Sparrow o Electrum) y registre en las funciones Sign o Verify Message un mensaje para cada una de las ocho direcciones de bitcoin.
Una vez efectuada esa maniobra, se iniciará una verificación criptográfica por parte del personal técnico de la Policía Federal Argentina, con el objetivo de confirmar las firmas de las direcciones. La diligencia será grabada y las claves privadas permanecerán bajo acceso exclusivo de la defensa técnica.
La Fiscalía Federal Nº 11 intenta reconstruir los ingresos y bienes del matrimonio desde que alcanzaron la mayoría de edad, después de que la defensa atribuyera el origen del capital desde 2014 a ahorros familiares y a operaciones con bitcoin. Según Pollicita, la liquidación de esas tenencias habría generado 591.544,61 dólares, monto citado como origen de 565.000 dólares declarados en efectivo en el país bajo el rubro “venta de activos”.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá informar fechas, montos, entidades intervinientes, destino declarado y resultados de las validaciones de cada operación. Además, la fiscalía solicitó a ANSES la historia laboral completa de ambos miembros del matrimonio, con aportes, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas previsionales, actividades autónomas o monotributistas y prestaciones registradas.
