La sesión prevista en la comisión para dictaminar el proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional” podría haber sido breve, según una legisladora de la oposición que dijo que la comisión existe apenas por la expectativa de dictamen y que, finalmente, no se logró avanzar. Desde La Libertad Avanza compartieron esa lectura: el oficialismo podría verse obligado a cambiar el texto para poder sacarlo adelante. La ausencia de este tema en la convocatoria de la sesión oficialista del 21 de octubre evidencia esa realidad.
A pesar de ello, el Gobierno mantiene confianza en lograr el dictamen en este mes, y, según pudo saber Ámbito, podría sumar el apoyo del PRO y de la UCR. Otros bloques que suelen dialogar con el oficialismo también señalaron que se requerirán modificaciones en la redacción para poder avanzar. Por ahora, La Libertad Avanza aceptó apenas dos cambios: la creación de una Comisión Bicameral y la eliminación de la referencia a la “manipulación de la opinión pública”. La oposición considera que esas medidas son insuficientes, mientras que el MID, representado por Eduardo Falcone, reclama pasos de aprobación parlamentaria para la eventual acción bélica.
El peronismo volvió a insistir en abrir un debate focalizado únicamente en el primer capítulo de la ley, que representa 40 de los 133 artículos. En esa línea, Alejandro Torres (Provincias Unidas) se alineó con la idea de fragmentar el texto. Por su parte, Mónica Frade (Coalición Cívica) rechazó la estrategia y cuestionó la organización del plenario, señalando que las invitaciones llegaron a último momento y que el oficialismo ya sabía que no conseguiría el dictamen. Otra diputada de distinto bloque calificó la situación como “mamarracho”.
El único invitado que pudo asistir fue Marcelo de los Reyes, titular de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). De los Reyes sostuvo que no hace falta una nueva ley para sostener la soberanía, y advirtió que, bajo la justificación de la defensa nacional, podrían esconderse otros fines.
Desde el CELS llegó un posicionamiento en el que señalan que la definición de amenazas a la seguridad nacional es laxa y da problemas de legalidad; además, señalaron que el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET) podría ampliarse como parte de un castigo administrativo arbitrario.
En paralelo, en el plano internacional, en las últimas 48 horas el Reino Unido intensificó sus medidas frente al avance argentino sobre la soberanía de las Malvinas. Tras elevarse la demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, Londres envió una carta a Interpol en relación con solicitudes vinculadas al tema, en medio de la disputa diplomática por la soberanía.
