El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores inició con complicaciones: de los tres invitados convocados asistió apenas uno, Marcelo de los Reyes, especialista en Inteligencia. El experto sostuvo que el texto “mezcla peligrosamente conceptos de Defensa con Inteligencia y Seguridad”.
Los responsables de facilitar las audiencias indicaron que los otros convocados no pudieron asistir por aviso a último momento, entre ellos representantes de ADEPA y Poder Ciudadano.
En esa línea, la diputada libertaria Silvana Giudici afirmó que no hubo negligencia en la dinámica y adelantó que no habrá dictamen en este momento porque están evaluando modificaciones. “Buscamos un dictamen sólido, consensuado y con las mayorías más amplias posibles. Y estamos en ese camino con el resto de los bloques”, explicó, y confirmó que el artículo 111 —uno de los más cuestionados— será objeto de revisión.
Ese artículo propone penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan/financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina. Giudici aclaró que la intención es abordar la injerencia extranjera en comicios y “acotarlo al contexto correspondiente”, llamando a evitar alarmas infundadas.
Además, Damián Arabia adelantó que también se trabajará la revisión del artículo 39, que establece la posibilidad de que el Ejecutivo defina la autoridad de aplicación, así como los apartados relacionados con la participación de provincias y municipios.
En tanto, Eduardo Falcone, aliado del bloque que responde al MID, reiteró su postura de que el Congreso debe autorizar las acciones militares. Por ello, la semana pasada la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, propuso crear una Bicameral de seguimiento de seguridad nacional, para que el Ejecutivo informe de forma permanente y el Congreso pueda autorizar o no avanzar.
“Lo que pido es que haya autorización del Congreso, no solo información. Propongo un esquema similar al de Estados Unidos, donde el Presidente actúa con rapidez pero debe informar al Congreso en 48 horas y este debe decidir”, detalló Falcone.
Una diputada cordobesa, Alejandra Torres, resaltó un punto de fuerte controversia entre quienes responden a gobernadores y que está en discusión, relacionado con un concepto sensible que genera dudas entre los participantes.
En síntesis, el oficialismo dejó claro que el proyecto seguirá en revisión y que la intención es presentar cambios sustantivos para lograr un dictamen con mayor respaldo en el Congreso.
