El juez federal Martín Cormick hizo efectiva este miércoles una astreinte de 100.000 pesos por día contra Diego Santilli, en su calidad de jefe de Gabinete, por incumplir una medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución dio curso al apercibimiento que el magistrado ya había dispuesto ante la falta de cumplimiento y lo ejecutó, además, con el dato de que la sanción rige desde el 30/9/2026.
La cautelar busca recomponer y actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, así como asegurar los fondos destinados a becas estudiantiles. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostuvo que los pagos no se habían registrado aún, pese a las intimaciones.previas
“En consonancia con lo provisto en la causa principal, ante el incumplimiento verificado corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto y aplicar astreintes diarias al titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina”, indicó Cormick en la resolución.
La multa inicial quedó fijada en 100.000 pesos por cada día de demora y el magistrado aclaró que puede modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados. Las astreintes son herramientas judiciales para presionar el cumplimiento de una obligación, en este caso la ejecución de la cautelar sobre salarios y becas universitarias.
La sanción se aplica al expediente de la medida cautelar, que sigue vigente. Paralelamente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal debe analizar la apelación del Estado contra otro fallo de Cormick: el que declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley a la definición de los recursos presupuestarios.
La cautelar ya había sido confirmada por la Cámara y quedó firme tras el rechazo, por parte de la Corte Suprema, de un recurso extraordinario del Estado el 25 de junio de este año. Por eso, la revisión del fallo más reciente no anuló la orden provisional sobre salarios y becas.
El CIN señaló que las astreintes eran necesarias porque el Gobierno continuaba sin cumplir con la medida, pese a intimaciones previas. Cormick había fijado originalmente un plazo de cinco días, que vencía el 22 de septiembre, y luego lo prorrogó por otro periodo idéntico. Tras agotarse ese plazo, el organismo pidió que se haga efectiva la sanción.
La discusión legal se centra en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que disponen que los salarios de docentes y no docentes deben recomponerse para compensar la variación del IPC entre enero de 2023 y julio de 2025. El expediente contiene el detalle del cálculo aplicado.
