El juez federal Martín Cormick dispuso que el Gobierno empiece a pagar astreintes por incumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). La decisión se conoció pocas horas antes de la quinta movilización en defensa de la educación pública y se dirigió específicamente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por ser quien está a cargo de la administración.
El martes de la semana pasada, Cormick declaró inconstitucional el decreto que firmó el Presidente para no cumplir con la LFEU, normativa aprobada por el Congreso y cuyo vigor fue ratificado por ambas cámaras tras el veto presidencial.
El viernes anterior, el magistrado aceptó la apelación presentada por la Casa Rosada contra su fallo, pero aclaró que la ejecución de la medida cautelar que ordena el pago de salarios docentes y no docentes, así como de becas, continuaría avanzando.
La medida cautelar había sido dictada en diciembre y fue ratificada por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo. En junio, quedó firme tras el rechazo de los planteos del Poder Ejecutivo por parte de la Corte Suprema.
El martes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) concurrió ante Cormick para solicitarle que aplique astreintes por el incumplimiento. Esta posibilidad ya había sido mencionada por el juez el 22 de septiembre, cuando intimó al Gobierno a cumplir con la LFEU.
Cormick consideró adecuado establecer astreintes diarias dirigidas al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, sustentándose en la Constitución Nacional (artículo 100, inciso 1) y la Ley 27.798, según consta en el fallo al que accedió este medio.
Santilli es el responsable de la gestión administrativa, por lo que la intimación recayó sobre él. En un caso comparable, su colega Alejo Ramos Padilla había ordenado a Manuel Adorni asegurar el financiamiento de distintas áreas cuando ocupaba cargos vinculados al tema.
En esta etapa inicial, las astreintes serán de 100.000 pesos por día, y el juez avisó que podría modificar tanto el monto como el universo de funcionarios alcanzados si persisten las obligaciones no cumplidas.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y titular del CIN, calificó el fallo como un paso relevante para que el proceso judicial avance hacia una resolución concreta y que impacte en la financiación de la educación superior.
