En el Tribunal Criminal de París, tras tres semanas de juicio, se definieron las penas contra los cuatro acusados por la muerte de Federico Martín Aramburú. Pasadas las 22:00, Loïk Le Priol recibió 26 años de prisión por homicidio, mientras que Romain Bouvier fue condenado a 19 años por tentativa de homicidio. La sentencia dejó en claro que no hubo premeditación en el acto, por lo que no se concedieron cargos de asesinato con premeditación.

Antes del veredicto, los cuatro imputados tuvieron la posibilidad de dirigir sus últimas palabras al jurado y al tribunal. El fiscal y el propio jurado debían responder a 20 preguntas, siendo la más relevante si existió un asesinato con premeditación o un homicidio sin esa calificante. Bouvier, con voz áspera, declaró que nunca encontraría palabras a la altura del dolor de la familia Aramburú, y que todo ya había sido dicho. Le Priol, considerado el principal acusado, habló con más detenimiento: afirmó haber intentado ser sincero durante las tres semanas de juicio, expresó su dolor ante la familia y ante el tribunal, y planteó la pregunta sobre el valor de la vida de un hombre. Dijo haber entendido muchas cosas sobre sí mismo y mostró su deseo de sanarse, incluso desde la prisión, para no volver a cometer un daño irreparable. Mencionó su fe y citó la visita del Papa León XIV a París ese mismo viernes como una posible señal, esperando que la familia Aramburú pueda perdonarlo en el futuro y que él pueda perdonarse a sí mismo. Los otros dos acusados, Antony Sorrentino y Lyson Rochemir, que colaboraron de alguna forma tras los hechos, no aportaron declaraciones destacadas.

La resolución del jurado también desestimó los cargos de asesinato y de tentativa de asesinato. En cuanto a las penas, Le Priol, de 32 años, fue condenado por homicidio, y Bouvier, de 35, por tentativa de homicidio. Por el mismo caso, Lyson Rochemir recibió tres años de prisión, de los cuales 30 meses quedan en suspenso por ocultación de pruebas, mientras que Antony Sorrentino recibió la misma pena, igualmente en suspenso. Todos los condenados, al igual que el fiscal general, cuentan con un plazo de diez días para apelar la decisión.