El Senado se dispone a sesionar este jueves, en una jornada de alta carga política y con eje económico. El oficialismo pretende avanzar en dos iniciativas relevantes para distintos sectores: la ley de Inocencia Fiscal II y un nuevo marco para los biocombustibles.
La sesión, prevista para las 11, fue acordada en la reunión de jefes de bloque de este miércoles, aunque su concreción no está asegurada, dadas las ausencias posibles dentro del oficialismo y de la oposición dialoguista, así como las dudas que varios senadores expresan sobre los proyectos, especialmente el de biocombustibles. Las gestiones han estado marcadas por tensiones entre La Libertad Avanza, que comanda Patricia Bullrich (Capital), la bancada de la oposición dialoguista y representantes de provincias, con foco en las del noroeste argentino que producen bioetanol y buscan que avance la normativa que modifica el régimen de fomento y producción de combustibles de origen agrícola.
Bullrich decidió incorporar el biocombustible en el temario, a pesar de objeciones de parte de varios senadores de la UCR y, en algunos casos, de integrantes de la bancada oficialista. La resistencia también obedecía a la postura de senadores de las provincias azucareras, que advirtieron que no bajarían al recinto si el tema quedaba fuera de la sesión.
Entre otros puntos del orden del día, figura la aprobación de dos convenios que trasladan a la Ciudad de Buenos Aires la justicia penal juvenil y la competencia en delitos vinculados a ese fuero. También serán tratados los pliegos para integrar como camaristas del fuero penal económico a Alejandro Catania y a Javier Galván Greenway. Sus nombramientos estuvieron detenidos durante casi cuatro meses por decisión de la Casa Rosada, debido a supuestos vínculos con la AFA, y recién recibieron luz verde en la Comisión de Acuerdos diez días atrás, tras la presión de un bloque de senadores de la oposición dialoguista.
En cuanto a Inocencia Fiscal II, el proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo y ya aprobado por la Cámara de Diputados, apunta a ampliar el régimen simplificado de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias administrado por la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). Según el Gobierno, la iniciativa busca reducir la carga de información para los contribuyentes, brindar mayor previsibilidad ante posibles fiscalizaciones y facilitar la regularización de inconsistencias sin que ello implique de forma automática la pérdida de beneficios.
Entre las modificaciones más relevantes se destaca la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que hoy limitan el acceso al régimen. De aprobarse, podrían adherirse al esquema contribuyentes con residencia fiscal en el país sin quedar excluidos por superar ciertos umbrales, lo que ampliaría el universo de beneficiarios.
