Los diputados de La Libertad Avanza amanecieron este miércoles con un malhumor inédito. Habían anunciado públicamente que el oficialismo estaba trabajando en un texto “superador” para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, pero se topan con un proyecto de Presupuesto 2027 que introduce un capítulo de fuertes ajustes en discapacidad, lo que enciende las negociaciones con los aliados y genera incertidumbre en el bloque.
Como respuesta, los libertarios rechazaron de plano los artículos que forman parte de la polémica y afirmaron que pretenden retomar el diálogo con los llamados dialoguistas. Sin embargo, persisten las dudas sobre las verdaderas intenciones del presidente Milei y su equipo ante el tema.
Dentro del Gobierno hubo quienes intentaron explicar que la maniobra respondía a una estrategia de negociación: presentar una propuesta de máxima que eliminara de raíz la Emergencia en Discapacidad para luego generar margen de negociación y avanzar hacia un texto acordado. Aun así, a lo largo del día distintas fuentes apuntaron que, en la práctica, no estaban al tanto de las iniciativas de la Casa Rosada.
“ Nadie sabía nada. Fue una descoordinación, en parte responsabilidad del Ministerio de Salud y en parte de Legal y Técnica”, señalaron a Infobae. Incluso admitieron que Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y referente del karinismo, tampoco estaba al tanto, lo que alimenta las conjeturas en un marco de Mesa Política integrada por otros actores que participaron directamente en la confección del Presupuesto, como el ministro Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a través de su vice Ignacio Devitt, y Santiago Caputo, por medio de la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal Murphy.
El borrador enviado al Congreso propone una revisión profunda del sistema de discapacidad y es visto por la oposición y por organizaciones del sector como un retroceso frente a la actualidad. Entre los puntos más destacados, el texto propone reinstalar un criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, cuyo valor sería equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Esto reemplazaría el enfoque de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso y traslada la definición de requisitos desde el Congreso a la reglamentación del Poder Ejecutivo.
Asimismo, establece una incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal: cualquier alta tributaria o trabajo registrado, incluso por pocas horas, extinguiría el beneficio. Esto contrasta con el régimen vigente, que permite compatibilizar la pensión con empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos.
En materia de prestaciones, desaparece el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas. Ahora, cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, con actualización trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
La pelea por el rumbo de la política de discapacidad quedó expuesta como un tema de alta tensión interna, que obligará a Milei y su equipo a recalcular la estrategia para tratar de salvar el pulso con la coalición y avanzar en un texto que satisfaga, al menos parcialmente, a quienes lo respaldan.
