Las fuerzas políticas avanzan a apuradas en torno a la emergencia en discapacidad y al marco presupuestario, en medio de la polémica que suscitó el Presupuesto Nacional 2027, considerado desfinanciador por el sector. En ese contexto, la oposición, encabezada por Unión por la Patria, empujó a las comisiones a tratar la prórroga de la situación de emergencia, que, según el bloque, tiene que tratarse este miércoles.

Por el lado oficialista, el grupo que acompaña a La Libertad Avanza sostiene que ya trabajan en una ley “superadora” para la cartera, aunque advierte que hay que desandar decisiones políticas previas. “Está casi todo listo”, afirmó una fuente del bloque libertario, que explicó que ya se realizaron encuentros con las áreas de discapacidad y salud, con Economía y con Legal y Técnica de la Nación, además de conversar con el ala política para fijar los lineamientos y ahora se busca pulir el texto con los aliados.

Entre los nombres que participan de estas gestiones figuran Martín Menem, Diego Santilli y, con mayor visibilidad pública, Patricia Bullrich, que lidera un frente de críticas a los cambios introducidos en el Presupuesto por el oficialismo y el resto de aliados.

Uno de los puntos clave que genera fricción es el nomenclador. El proyecto de presupuesto eliminó ese esquema, que fija precios para los prestadores y obliga a las obras sociales y prepagas a cubrir ese piso, un puntal para la universalización de la atención. En el nuevo planteo libertario, la idea es volver a contar con el nomenclador, además de definir cómo se ajustaría. Mientras el presupuesto lo prevé trimestral y con una discrecionalidad de la Secretaría de Discapacidad, el proyecto de ley propuesto por La Libertad Avanza apuntaría a un ajuste bimestral ligado a la inflación.

Otro eje del debate es el acceso a la pensión por discapacidad. El texto de la coalición liderada por Bullrich endurece los requisitos, pero aún no está claro si se mantería la posibilidad de conservar el beneficio al avanzar hacia un empleo registrado, o si, como prevé el Presupuesto, esa compatibilidad quedaría fuera.

El oficialismo continúa buscando apoyos entre sus socios. La gestión está a cargo de Laura Rodríguez Machado y Silvina Giudici, dos ex PRO alineadas con Bullrich, que han elevado la presión frente a los sectores técnicos que elaboraron el presupuesto. En paralelo, tanto el PRO como la UCR exigen que el gobierno salde una deuda con los prestadores que se acumula desde diciembre de 2024 hasta fines de ese año; durante la última sesión, el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, no hizo más que pedir que se atienda ese reclamo y se busque una solución de fondo.

El panorama, por ahora, muestra un choque de enfoques entre continuidad y cambio de cara a la futura normativa de discapacidad, con el dictamen del próximo miércoles como hito clave.