La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) señaló que el proyecto de ley denominado “De defensa de la soberanía nacional”, que refuerza las sanciones vigentes a la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y su entorno, podría dar lugar a interpretaciones ambiguas con potencial impacto sobre la libertad de expresión. La entidad indicó que remitirá a los legisladores un análisis jurídico del texto y afirmó que la norma impulsada por el gobierno de Juntos por el Cambio, encabezado por el presidente Javier Milei, podría corregirse y mejorar.
Según ADEPA, el análisis estará centrado en el artículo 111 de la iniciativa, que establece penas de cinco a doce años de prisión para quienes actúen por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero u organización extranjera, con el fin de alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, o que promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes. La entidad subraya la necesidad de entender estas disposiciones como herramientas para perseguir conductas ilícitas concretas, sin afectar expresiones legítimamente protegidas.
La nota de ADEPA enfatiza que proteger la soberanía y la integridad democrática frente a influencias externas es un objetivo legítimo, pero advierte que las normas deben ser precisas y estar claramente delimitadas para no entorpecer la libertad de expresión y de prensa. En ese marco, sostiene que existe margen para corregir el texto para evitar interpretaciones excesivas o ambiguas que puedan inhibir el trabajo periodístico.
Entre los puntos de atención, la entidad mencionó la posible vaguedad de conceptos como desinformación, manipulación de opinión pública, campaña coordinada y alteración de procesos electorales, que podrían generar incertidumbre sobre el alcance de la norma y afectar a periodistas y medios.
ADEPA propone que cualquier regulación se focalice en conductas objetivamente identificables—como operaciones clandestinas de interferencia, financiamiento encubierto, suplantación de identidad, falsificación, coerción o manipulación de infraestructuras electorales—y no en aspectos puramente subjetivos que podrían utilizarse para cuestionar contenidos u opiniones. Para la entidad, defender la soberanía y la integridad democrática implica también asegurar una prensa libre y un marco normativo que permita perseguir conductas ilícitas sin afectar libertades fundamentales.
