La preocupación por la inseguridad rural se intensificó en Entre Ríos a partir del incremento de robos de ganado en zonas litoraleñas, quejas que señalan una presunta inacción de la Justicia ante las denuncias presentadas.
El jueves pasado, alrededor de cien productores y representantes de la Mesa de Enlace provincial se reunieron en un campo de Sir Leonard, en el departamento La Paz, una zona próxima a Bovril considerada una de las más complicadas por el abigeato. El encuentro contó con la participación de autoridades policiales y tuvo como objetivo exigir medidas urgentes para frenar el avance descontrolado del delito y la violación de la propiedad privada.
En un comunicado conjunto, la Federación Agraria Argentina (FAA) filial Entre Ríos, el Distrito 7 de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) reclamaron a los responsables judiciales que cumplan con su deber público: que investiguen las denuncias, adopten medidas efectivas para esclarecer los hechos, impulsen los procesos en tiempo y forma y logren sentencias que condenen a los responsables.
Además, los productores solicitaron el suministro de equipamiento adecuado para la policía rural, con miras a mejorar la prevención y la seguridad. Entre los requerimientos específicos figuran drones térmicos y visores nocturnos para cada destacamento.
Durante su intervención en Clarín Rural, Matías Martiarena, director de FAA por Entre Ríos, señaló que los delitos rurales se registran en toda la provincia, pero que la zona más problemática es la que rodea Bovril, en La Paz, por la persistente inacción judicial. Describió esa región como la más conflictiva porque los delincuentes operan con poca o nula repercusión, a diferencia de otros departamentos donde los procedimientos judiciales parecen avanzar con mayor rapidez.
Martiarena indicó que varios productores mostraron ejemplos claros de la magnitud del problema: una persona afirmó haber sufrido el abigeo de 130 animales en una década; otro señaló haber sido despojado de 20 ganado desde 2019; y otros relataron pérdidas de entre 15 y 20 animales. Subrayó que más de la mitad de los presentes depende de la aplicación de la fiscalía de La Paz para gestionar sus denuncias.
Si bien se reconoció el esfuerzo de la policía rural, el dirigente insistió en que las herramientas disponibles limitan su trabajo y que, sin una respuesta judicial efectiva, los esfuerzos de las fuerzas de seguridad quedan en vano. La demanda central es que las autoridades judiciales actúen con celeridad y contundencia para desactivar la modalidad delictiva y restablecer la seguridad en el interior provincial.
