Un proyecto de ley sobre vandalismo rural logró dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, y quedó habilitado para avanzar hacia el debate en el recinto con vistas a una eventual media sanción. El despacho, elaborado por esas comisiones, se articuló el 6 de octubre y suma 41 adhesiones, con respaldo de La Libertad Avanza y otros bloques aliados. Fue presentado por el diputado Martín Ardohaín (PRO) junto a otros legisladores.
La iniciativa propone incorporar al Código Penal dos artículos para responsabilizar atropellos a la producción agropecuaria. El primer punto crea el artículo 150 bis, que prevé penas de entre un mes y un año de prisión para quien entre a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias sin la autorización de quien tenga derecho a excluirlo. Se forma una presunción de prohibición en casos en que existan cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso. Se contemplan, además, excepciones para entradas motivadas por necesidad justificada, por auxilio o cuando no sea posible distinguir con claridad la frontera entre el predio y la vía pública.
El segundo elemento, el artículo 184 bis, crea una figura para dañar o destruir bienes directamente vinculados a la producción agropecuaria, con penas de dos a ocho años de prisión y multas de tres a doce veces el valor del daño. El alcance cubre golpes a cereales, oleaginosas, plantaciones, ganado, forrajes, leña y productos durante su transporte. También abarca daños a silobolsas, tolvas, silos, corrales, tranqueras, alambrados, reservas hídricas, sistemas de riego, bombas sumergibles, generadores y paneles solares. Las penas pueden duplicarse si interviene un funcionario público, si el responsable utiliza conocimientos técnicos específicos o si hay abuso de una relación laboral o de confianza con la víctima.
Ardohaín, presidente de la Comisión de Agricultura, sostuvo que es necesario abandonar la visión urbanística del Código Penal y afirmó que la modificación representa un avance significativo para proteger a las familias que viven en el campo.
La postura de la oposición llegó de la mano de Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria), quien cuestionó que el nuevo artículo 184 bis duplique figuras ya previstas en el marco penal vigente y que, en ciertos casos, las escalas resultan superpuestas. En diálogo con Infobae, el legislador indicó que junto a Massa había trabajado en la iniciativa de vandalismo rural en 2020 y señaló preocupaciones sobre la duplicación de figuras y la adecuación de las penas.
