En un operativo de carácter reservado, Raúl Martins —ex oficial de la SIDE— fue traído desde México para enfrentar un proceso en Buenos Aires por explotación sexual y lavado de dinero. El hombre, de 78 años, era cabeza de una red de locales VIP en la Capital Federal y habría utilizado una estructura ilícita para explotar a mujeres, además de conservar videos comprometedores de figuras influyentes, utilizados como instrumento de extorsión y control.
Desde 2019 existía una orden de captura internacional contra Martins. Aunque fue detenido aquel año en México, logró resistir la extradición durante casi siete años, argumentando que contaba con contactos y recursos legales en su país de residencia. Su procesamiento fue dictado en 2019 por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, y desde entonces permaneció detenido, primero en una prisión común y luego bajo arresto domiciliario. Su detención se dio cuando intentaba viajar a Belice disfrazado con una peluca; el ex agente siempre sostuvo que la detención no se ajustó a la legalidad, afirmando que la orden llegó a la justicia mexicana con un día de retraso.
Martins, que en la SIDE utilizaba la identidad de Aristóbulo Manghi y que también se desempeñó como docente de Historia, comparece ahora en un juicio oral ante el Tribunal Oral Federal N° 7 de Buenos Aires, junto a una decena de imputados. A las acusaciones de asociación ilícita y explotación sexual se suma una investigación por lavado de dinero proveniente de prostíbulos que habría operado en la Capital Federal, donde llegó a administrar una decena de locales en los años 90.
Tras trasladarse a México en 2003, Martins montó boliches de sexo VIP en Cancún, algunos con nombres idénticos a los de Buenos Aires, como “The One”. Según datos presentados en un fallo laboral, sus ingresos superaban los 1,5 millones de dólares anuales en Argentina y rozaban los 2 millones en México. Su poder comenzó a erosionarse en 2019, cuando la jueza Servini de Cubría lo procesó junto a familiares de su última esposa, Estela Percival, incluida una hermana, Natalia Percival, y su madre, Virginia Solís.
El expediente también involucra a uno de sus hijos, Ariel, quien permanece prófugo. La magistrada destacó las estrechas relaciones de Martins con sectores del Poder Judicial, fuerzas de seguridad y la ex comuna de Buenos Aires, vínculos que, según la investigación, le permitieron operar con impunidad durante años.
La denuncia más contundente llegó de Lorena Martins, su hija, en 2011, cuando, acompañada por la ONG La Alameda, lo acusó públicamente de proxenetismo y de valerse de sus conexiones para sortear investigaciones. Entre las pruebas aparecía un video de 2005, durante un cumpleaños de Martins, en el que, según la acusación, el entorno de poder era referenced, y se dejaba entrever la red de favores que sustentaba su negocio.
