En medio del viaje del Presidente Javier Milei a París, la defensa de la Soberanía Nacional en Malvinas pasará a tratarse en las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, que conducen los diputados de La Libertad Avanza Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado.
La estrategia del bloque oficialista es organizar dos encuentros con invitados y, al concluir la segunda reunión plenaria, programada para el 6 de octubre, redactar los dictámenes para presentarlos en el recinto al día siguiente. La Libertad Avanza busca convocar una sesión especial para el 7 de octubre con la agenda del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.
“El tratamiento requerirá el tiempo que exija la temática. Hay consenso en ciertas partes y diferencias en otras, y la reunión informativa con los funcionarios del Poder Ejecutivo será útil para ir acercando posiciones”, afirmó el diputado salteño Carlos Zapata. El titular de la comisión de Defensa confirmó la presencia de funcionarios del Gobierno hoy a las 12 y aseguró que trabajarán para escuchar propuestas de la oposición sobre otros invitados siempre que se trate del tema central del proyecto.
La iniciativa ratifica que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con sus espacios marítimos e insulares correspondientes, forman parte del territorio nacional y establece como objetivo permanente la recuperación y el pleno ejercicio de la soberanía.
Según los fundamentos oficiales, la propuesta apunta a castigar la explotación ilegítima de recursos naturales, generar incentivos para que cesen esas conductas y dotar al Estado de herramientas para protegerse frente a amenazas externas.
Entre los cambios centrales figura la derogación de la Ley 26.659 y la ampliación del esquema sancionatorio a otros recursos naturales, renovables y no renovables, explotados sin autorización de la República Argentina.
El proyecto prevé penas de cinco a siete años de prisión, multas de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo y una inhabilitación especial para quienes, a sabiendas, presten bienes o servicios a sujetos alcanzados por las conductas previstas en la norma.
Además, los sancionados quedarían impedidos de desarrollar actividades económicas en el país, perderían exenciones fiscales o previsionales, se revocarían habilitaciones y habría rescisión de contratos que se ejecuten total o parcialmente en Argentina; también quedarán impedidos de contratar con el Estado nacional, las provincias y los municipios.
