La Corte Suprema dejó en claro que corresponde mantener derogada la normativa de tierras que integraba el DNU 70/23 del presidente Javier Milei, lo que impulsó a la oposición a avanzar con su intento de derogar el decreto en la Cámara de Diputados. El Senado ya había votado en contra del texto.
Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria, afirmó que la estrategia es contundente: movilizar al público y lograr un rechazo total al DNU 70/23. UP se reunió este miércoles con el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, a quienes la Corte les había negado el amparo que frenaba la derogación de la Ley de Tierras.
La oposición pretende pedir una sesión especial lo antes posible. Aunque algunos legisladores están de viaje la próxima semana, todo indica que la fecha más probable sería el 14 de octubre. Se requiere mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes para avanzar.
Por tratarse de DNU, no se pueden votar por capítulos: deben aprobarse o rechazarse en su totalidad. Si el voto resulta en rechazo, todo el DNU 70/23, con sus más de 300 artículos, quedaría derribado. El oficialismo advierte que un desenlace así podría generar un caos procesal, dejando normas en un limbo y haciendo que algunas medidas, como la Ley de Alquileres, recobren vigencia.
En paralelo, La Libertad Avanza evalúa introducir en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que aún no fue tratada en Diputados, algún tipo de restricción mínima a la compra de tierras para darle un justificativo político a la oposición y descomprimir la jugada, según la versión que circula en los pasillos.
Cabe recordar que la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada eliminaba los techos a la compra por parte de extranjeros, pero en su tratamiento en el Senado el oficialismo debió quedarse sin votos y eliminó ese capítulo.
Desde ese arco político se expresaron respaldos a la maniobra: Martín Lousteau afirmó que la Corte está desconectada de la voluntad social que se expresó de forma contundente frente a la extranjerización de tierras, interpretando que el Senado dejó claro ese sentir.
En la Coalición Cívica, Elisa Carrió sostuvo que el DNU debe ser tratado con urgencia en la Cámara de Diputados y señaló que, si no lo hace, la Cámara sería cómplice del Poder Ejecutivo. El socialista Esteban Paulón, de Santa Fe, ya presentó un proyecto de rechazo y enfatizó la necesidad de convocar una sesión especial para derogar el DNU 70/23, rechazando la idea de que la Justicia ignore las movilizaciones populares y la postura del Senado en semanas recientes.
