La Corte Suprema dio curso al recurso extraordinario presentado por el Estado y, al hacerlo, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y desestimó la acción del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. El tribunal sostuvo que la asociación no acreditó legitimación para actuar en nombre colectivo, por lo que el proceso no avanzó y la demanda quedó fuera de la causa. Con este fallo, quedó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, la normativa que limitaba la titularidad y tenencia de terrenos rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.

Las reacciones políticas no tardaron: dirigentes de Unión por la Patria, del Partido Socialista y del Frente de Izquierda expresaron críticas y reclamaron que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023. En varios casos, llamaron a movilizarse para posicionamientos públicos en torno al tema.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó la decisión como “el fallo de la infamia” y sostuvo que la Corte “ha tomado una decisión gravísima” que afecta la soberanía y la voluntad popular. A su criterio, el Gobierno retiró su proyecto en el Senado por falta de votos y ahora, denunció, intentan lograr lo impensable por vía judicial; enfatizó su consigna “Argentina para los argentinos”.

Desde lo legal, Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, advirtió en Infobae En Vivo que, a partir del fallo, no existiría una norma que proteja las tierras rurales frente a la extranización o a compras por extranjeros o por Estados extranjeros. Según su interpretación, el DNU 70/2023 derogó por completo la Ley de Tierras y eliminó restricciones para la compra de propiedades rurales, mientras que la Corte, al revocar la sentencia anterior, habría dejado sin efecto una decisión de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional ese DNU en ese punto y mantenía vigente la Ley de Tierras. Gil Domínguez calificó el fallo como dogmático y arbitrario, y cuestionó la decisión de negar legitimación al CECIM, al sostener que un centro de excombatientes de Malvinas, cuya misión incluye la defensa de la integridad territorial, podría estar representado en la causa.

Sobre la posibilidad de nuevas vías judiciales, el especialista indicó que la Corte “dice que no en este caso, pero sí en otros”, lo que, a su juicio, abre una tensión entre criterios judiciales y derechos colectivos.

El diputado Martín Lousteau, por su parte, afirmó que la Corte muestra una desconexión con el sentir de la ciudadanía y cuestionó las incoherencias entre la postura gubernamental respecto de la soberanía en Malvinas y la eliminación de límites a la extranjerización de tierras. Para él, existen contradicciones notorias entre avanzar en una legislación sobre la soberanía nacional y al mismo tiempo flexibilizar las reglas para la propiedad de tierras por extranjeros.