El Ejecutivo incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 un listado de 67 obras consideradas estratégicas, cuyo desarrollo está previsto para el trienio 2027-2029. La medida forma parte de un intento por reimpulsar la actividad económica con un rol del Estado relativamente reducido.
El Gobierno advirtió que la política de austeridad seguirá marcando el pulso de la gestión, incluso en un año electoral. Por eso, las obras deben alinearse con la consigna de eficiencia y priorización del gasto que viene rigiendo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
En este marco, el impulso al sector privado gana terreno mediante incentivos para los nuevos concesionarios de rutas nacionales: se propone bajar impuestos a quienes financien mejoras o expansiones de la red de 9.000 kilómetros recientemente adjudicados.
Un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ) señala que el proyecto oficial consolida el esquema de obra pública iniciado en 2024, con menor participación directa del Estado nacional, transferencia de proyectos a provincias y municipios y una mayor participación del sector privado.
ACIJ recordó que, según el mensaje del proyecto, de las 2.339 obras que estaban en proyecto o en marcha a diciembre de 2023, 1.683 fueron dadas de baja o ingresaron en procesos de rescisión; 457 fueron transferidas o están en proceso de transferencia y solo 199 quedaron bajo gestión directa de Nación.
Para 2027, el informe de ACIJ subraya que el gasto de capital destinado a infraestructura se ubica bastante por debajo de los niveles de 2023: pasó de 18,4 billones de pesos a 5,1 billones en 2024, manteniéndose en valores históricamente bajos pese a un leve repunte respecto de 2026.
Dentro de los mecanismos de apoyo a la inversión, el artículo 67 del proyecto habilita para las nuevas concesionarias de rutas nacionales una serie de beneficios: amortización acelerada de inversiones, reintegro o crédito fiscal de IVA y la posibilidad de computar el 100% del impuesto al cheque como pago a cuenta de otros tributos, siempre que las provincias otorguen exenciones de Ingresos Brutos y Sellos.
El Gobierno puntualizó que parte del apoyo a la infraestructura se canaliza cada vez más por vía de beneficios tributarios vinculados a la inversión privada, en lugar de gasto presupuestario directo.
Entre las obras previstas para 2027, el paquete se distribuye en distintas provincias e incluye proyectos de rutas, represas, puentes, acueductos, saneamiento, viviendas, infraestructura ferroviaria y edificios públicos. El costo total de estas obras con impacto en ejercicios futuros asciende a aproximadamente 1,36 billones de pesos, con compromisos que se extenderían a 2028, 2029 y años subsecuentes.
