En medio del sigilo que rodea la elaboración del Presupuesto Nacional de Gastos y Recursos de la Administración Central, y de la incertidumbre sobre variables macroeconómicas clave (tipo de cambio, inflación, crecimiento y balance comercial), Infobae revisa cómo viene la ejecución a 15 días de la presentación oficial ante el Congreso y qué señalan las proyecciones del consenso del mercado para 2027, recogidas por el Banco Central a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).
El Gobierno llega a este hito con la idea de sostener un superávit fiscal, preservar la prioridad de las partidas sociales —jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)— y mantener recortes en subsidios económicos para empresas y particulares, al tiempo que se refuerzan transferencias a universidades y provincias para obras de infraestructura y educación.
También plantea la reducción y eliminación de impuestos distorsivos, como los derechos de exportación, el impuesto a Débitos y Créditos Bancarios y determinados impuestos internos, junto con la rebaja de las contribuciones patronales para nuevas contrataciones netas que se oficialicen hasta mayo de 2027, en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
A 1 de septiembre de 2026 —ya transcurridos 244 días del año—, la ejecución teórica anual alcanzaba el 66,9%. En la práctica, los gastos devengados de la Administración Central sumaban 101,5 billones frente a un crédito vigente de 150,1 billones, lo que deja una ejecución de 67,6% y apenas 0,76 puntos porcentuales por encima de la referencia, según datos del portal Presupuesto Abierto de la Secretaría de Hacienda a los que accedió Infobae.
La diferencia entre jurisdicciones es marcada y anticipa qué áreas tendrán mayor peso relativo en el proyecto 2027 y cuáles podrían enfrentar menor margen de recuperación.
El Ministerio de Capital Humano, que concentra las prestaciones previsionales, las asignaciones familiares y los programas vinculados al PAMI, devengó 60,2 billones, equivalente al 69,5% de su crédito vigente para todo el año, 2,6 puntos porcentuales por encima del ritmo teórico.
Dado que estas partidas ya corren adelantadas y que el consenso privado estima una inflación acumulada entre septiembre de 2026 y diciembre de 2027 de entre 28% y 33%, la actualización mensual para jubilaciones y asignaciones busca conservar el poder de compra. Eso sugiere que la cartera social llegaría al proyecto 2027 con un crédito que no solo compensaría la inflación, sino que consolidaría el peso relativo que ya exhibe en la ejecución actual.
El Servicio de la Deuda Pública se mantiene como otro componente relevante, si bien el análisis disponible no cierra aún todos los datos de ese bloque. En conjunto, el informe deja claro que persisten diferencias entre jurisdicciones y que el resultado final dependerá de la evolución y de las prioridades en cada área dentro del marco macroeconómico.
