Uno de los paneles que generó mayor expectativa en el Coloquio de IDEA fue la revisión de la experiencia de Israel para derrotar la inflación. El expositor fue Esteban Klor, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Hebrea de Jerusalén e Investigador Principal. Nacido en Córdoba y con un acento que conserva, pese a sus 40 años viviendo en Israel, Klor explicó que la estabilización de 1985 emergió como respuesta urgente a una crisis acumulada desde fines de los años sesenta, marcada por guerras y tensiones geopolíticas, una inflación cercana al 450% anual, una economía muy centralizada, gasto público de aproximadamente el 76% del PBI, déficit fiscal alrededor del 17%, fuga de capitales y riesgo de default. “Estuvimos ahí, casi”, dijo, subrayando una diferencia clave con Argentina, que afrontó múltiples incumplimientos en su historia reciente.

Antes de ese plan exitoso habían existido esfuerzos parciales que fallaron, según Klor, porque no se diseñó una estrategia de largo plazo: se planteó un programa para contener la emergencia y restablecer la estabilidad, pero no una visión estructural de largo plazo.

El plan que funcionó combinó cambios fiscales y monetarios. Se eliminó la indexación, se llevó a cabo una devaluación inicial de 20% y luego se fijó un tipo de cambio como ancla. Asimismo, se redujo el gasto público de 76% a alrededor del 60% del PBI, se restringió el crédito y la emisión monetaria destinada a financiar el déficit, y se mantuvieron tasas de interés altas. La inflación descendió rápidamente a unas 20%, aunque se mantuvo en ese nivel durante los años siguientes debido a la inercia. El ajuste tuvo un costo social significativo: los salarios reales cayeron cerca de un 10% en los primeros años.

Klor enfatizó la importancia de la viabilidad política del programa, que dependió tanto del marco político como de las medidas adoptadas. En 1984 se formó un gobierno de unidad entre fuerzas de centroizquierda y centroderecha. Sindicatos, empresarios y los principales partidos aceptaron pagar el costo social del ajuste y sostenerlo pese al coste electoral. Este compromiso permitió reformar reglas y ganar tiempo para que las medidas surtieran efecto.

Además, se establecieron normas de responsabilidad fiscal y disciplina monetaria. Existía una regla presupuestaria que obligaba a aprobar el presupuesto antes de marzo; si no se hacía, caía el gobierno. Se limitó el déficit admisible y, en un inicio, la independencia del Banco Central se ejerció de manera informal: no financiar el déficit imprimiendo dinero. La independencia formal fue consolidada en 2010. Aunque las reglas fiscales no contemplaban sanciones legales por incumplimiento, su violación tenía un costo político considerable. A lo largo del tiempo, la responsabilidad fiscal pasó a ser una expectativa de la ciudadanía, independientemente del color político del gobierno.