El plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, conducidas por los libertarios Gerardo Huesen y Bertie Benegas Lynch, aprobará este miércoles los dictámenes vinculados a la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. En paralelo, el bloque oficialista está redactando una alternativa que, aseguran desde La Libertad Avanza, iría más allá de la figura de la emergencia y quedará plasmada en el Presupuesto 2027.

En ese marco, Mauricio Macri volverá a liderar una actividad partidaria del PRO con un acto programado para el 25 de septiembre en Jujuy, desde las 16, en el hotel Altos de la Viña. El evento forma parte de la estrategia de relanzamiento territorial del espacio de cara a las elecciones de 2027 y se enmarca en las gestiones que el macrismo mantiene para avanzar en alianzas con vistas a ese proceso electoral, incluido el acercamiento a La Libertad Avanza.

Macri estará acompañado por referentes nacionales y provinciales del PRO y tiene agendada una reunión con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. La apuesta es combinar el despliegue en las provincias con conversaciones que el oficialismo mantiene a nivel nacional para explorar acuerdos electorales y consolidar una estrategia común en distintos distritos.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó este domingo los recortes de fondos para discapacidad que propone el proyecto de Presupuesto 2027 y adelantó que su provincia no los acompañará. “Para nosotros, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto Nacional que afecte estos derechos”, afirmó en su cuenta de X.

Llaryora sostuvo que en Córdoba el área es una prioridad y afirmó que las prestaciones, los traslados y las terapias no pueden depender de la condición social ni de la región de la provincia en la que haya nacido la gente. También dirigió un mensaje a sus legisladores y al Congreso para que no permitan lo que describió como un acto de crueldad hacia las personas afectadas. El gobernador remarcó que el esfuerzo provincial, junto a casi 350 organizaciones y a los gobiernos locales, no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades; argumentó que esa retirada podría conducir a un colapso prestacional.

“Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco. Detrás de cada política de discapacidad hay personas y familias que requieren acompañamiento; por eso, las medidas integrales y el compromiso del Estado son indispensables”, concluyó Llaryora. La arista provincial llega en un contexto en el que el Ejecutivo envió al Congreso la Ley de Presupuesto, señalando el debate que se intersecta entre esfuerzos locales y la definición nacional.