El plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, que encabezan los libertarios Gerardo Huesen y Bertie Benegas Lynch, avanzará este miércoles con la firma de los dictámenes relacionados con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, el tema que motivó la convocatoria de esos cuerpos legislativos.
Al mismo tiempo, el oficialismo está redactando una propuesta sustitutiva que, según sostienen en La Libertad Avanza, superaría el esquema de emergencia y quedaría plasmada en el Presupuesto 2027. La intención es cerrar la polémica interna dentro del bloque libertario en torno al capítuLo sexto y a los artículos 39, 40 y 41 del proyecto de Presupuesto 2027, que el ministro de Economía, Luis Caputo, envió al Congreso el 15 de septiembre. Esos puntos contenían una propuesta que se apartaba del trabajo que venían desarrollando La Libertad Avanza y sus aliados en la Cámara de Diputados.
El proyecto de Presupuesto propone derogar varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Entre ellos figura el artículo 8°, que garantiza a las personas con discapacidad titulares de la pensión no contributiva por discapacidad un programa y cobertura de salud que aseguren prestaciones básicas. También propone la derogación del artículo 9 de la ley de 1948, que regula las pensiones no contributivas por invalidez y vejez y faculta al Poder Ejecutivo a otorgar una pensión inembargable a aquellas personas sin recursos suficientes, no cubiertas por un régimen previsional y mayores de 70 años o imposibilitadas para trabajar.
“Buscamos un dictamen que supere la etiqueta de emergencia y consolide estos beneficios como permanentes. Queremos escuchar las necesidades del sector vulnerable que es la gente con discapacidad. Hay división de poderes y este Congreso tiene margen para tratar luego el presupuesto y definir las mejores condiciones”, afirmó la diputada Silvana Giudici.
Desde el oficialismo adelantaron que, durante el tratamiento del Presupuesto, se establecerá un cronograma para que los funcionarios expongan y defiendan las partidas de cada área.
La versión original del texto, que hoy podría ser reemplazada por completo, contemplaba la eliminación del Nomenclador Nacional Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, lo que eliminaría un valor uniforme y obligatorio para el país, aplicable al Estado nacional, a las obras sociales, a las prepagas y al PAMI.
En ese marco, una de las modificaciones centrales bajo análisis busca mantener la actualización periódica del nomenclador, pero dentro de un esquema distinto al vigente. El borrador discutido entre oficialistas y aliados propone ajustes automáticos vinculados a la inflación, pero con una periodicidad más amplia que la actual.
