El gobierno de Javier Milei envió al Congreso dos iniciativas relevantes para la defensa nacional: una ley de soberanía que, en el marco de las tensiones por Malvinas con Reino Unido, propone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y exige que las Fuerzas Armadas estén preparadas para intervenir en operaciones tanto convencionales como no convencionales. Paralelamente, se presentó el proyecto presupuestario de 2027 para Defensa, que contempla un aumento del 20% en los recursos destinados a ese sector, cifra que contrasta con una inflación anual prevista de aproximadamente 30%.
Aun con ese incremento, persiste la preocupación por la brecha salarial con fuerzas de seguridad, la caída real del presupuesto militar y la compleja situación de la obra social de las FFAA, que acumula una deuda de $160.000 millones. Un oficial en actividad calificó el contexto como “de marcado desinterés y fuerte preocupación” ante la llegada de estas iniciativas al Congreso.
La disconformidad también se nota en el terreno profesional: en varias provincias, suboficiales y oficiales subalternos están más ocupados en saber cuándo la policía local abrirá la inscripción para nuevos efectivos que en otros temas relevantes para la defensa. Experiencias recientes, como la Operación Roca —la presencia militar en la frontera norte para tareas de control y apoyo al combate al delito— y los intentos de involucrar a las FFAA en la lucha contra el narcotráfico, no entusiasmaron a las filas castrenses.
El impulso del nuevo cuadro legal tiene su raíz en el decreto 1112/24, emitido durante la gestión del entonces ministro Luis Petri. Como no había un bloque político mayoritario en el Congreso, ese decreto amplió el concepto de “amenaza externa” para incluir todo aquello que afecte la integridad del país cuando opere desde el exterior. Quien acompañó a Petri como secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa, Juan Battaleme, explicó que la interpretación pasó de ser restrictiva, basada en el decreto 727/2006 de Nilda Garré, a una visión más amplia.
Críticos entre los analistas señalan que el proyecto no dota a las FFAA de los medios ni del presupuesto para defender las fronteras; propone un aparato burocrático centralizado en la Casa Rosada y concede más atribuciones a los servicios de inteligencia, al tiempo que pospone de manera indefinida la presencia real de Argentina en el Atlántico Sur. Aun con el peso de las deudas y las restricciones presupuestarias, entre los uniformados persiste la idea de que el entramado legal vigente fue concebido para una realidad de otros tiempos, sin ajustarse a los actuales requerimientos estratégicos.
