El proyecto de ley de presupuesto para 2027 enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo el 15 de septiembre, en cumplimiento del artículo 75 inciso 8° de la Constitución Nacional y del artículo 26 de la ley de Administración Financiera, prevé una reducción del gasto de la Administración Nacional frente a 2023 de 26,7%. En números, se propone un gasto consolidado de $202,1 billones para 2027, frente a $275,7 billones devengados en 2023 bajo valores constantes del año 2027, lo que implica una caída de $73 mil millones respecto del año base.

En cuanto al gasto primario del Sector Público Nacional, que representaba el 19,5% del PBI en 2023, la proyección para 2027 sitúa ese porcentaje en 14,2%. Paralelamente, los ingresos totales pasarían del 16,8% al 15,7% del PBI, de modo que la reducción del gasto permitiría pasar de un déficit financiero de 4,4% del PBI a un ligero superávit. Sin embargo, ese saldo positivo es de magnitud muy acotada: se estima un resultado financiero para el SPN de $3,3 billones, equivalente al 0,23% del PBI, generado principalmente por empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes; la Administración Nacional aportaría apenas 0,02% del producto. Un desvío de recaudación de apenas 0,25 punto porcentual del PBI sería suficiente para borrar ese superávit.

A la cuestión de la medición se suma una dificultad estructural. La contabilidad basada en caja no registra los intereses capitalizados de títulos en pesos, que entre enero y agosto de 2026 sumaron $32,8 billones, casi trece veces el superávit anual previsto. El FMI había estimado que, al considerar el componente real de esos intereses, 2025 habría cerrado con un déficit cercano al 0,8% del PBI. El proyecto no especifica cuánto deberá capitalizarse en 2027. Además, se acumulan deudas contingentes ligadas a gastos sociales esenciales reprimidos, inversiones en rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura pública, deudas con proveedores y contratistas, y el uso de excedentes financieros de recursos con afectación específica (fondos viales e hídricos, entre otros), lo que podría esconder un déficit significativo difícil de reponer a futuro.

En el frente de ingresos, las proyecciones son exigentes. La recaudación mostró una caída real de 3,8% entre enero y agosto y, según IARAF, necesitaría crecer 5,4% real en el último cuatrimestre para cumplir el objetivo del proyecto. Para 2027 se espera una nueva alza real cercana al 6,1%, sustentada en un crecimiento del PBI de 4,0% (superior al 2,9% previsto por el REM del BCRA). La presión tributaria nacional subiría de 21,06% a 21,70% del PBI, con mayor peso de combustibles, Ganancias e IVA, y menor participación de Bienes Personales y de los aportes a la seguridad social, afectados por el Fondo de Asistencia Laboral creado por la Ley 27.802.

Del lado de los gastos fiscales, el propio proyecto señala unos $51,9 billones, equivalentes al 3,67% del PBI, describiendo un volumen de beneficios que el texto enuncia pero sin cerrar la comparación.