La Justicia Federal dictó una medida para que la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) recupere los días y las horas de clase que se perdieron durante las huelgas docentes en tres institutos preuniversitarios vinculados a esa casa de estudios. La decisión, tomada de manera parcial sobre una medida cautelar, ordena además a las autoridades universitarias presentar en cinco días un plan destinado a asegurar la finalización del ciclo lectivo 2026.
El fallo fue emitido el viernes 9 de octubre por el juez Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal Nº 1 de San Juan, en el expediente FMZ 39628/2026, caratulado “Fornes Martín, Francisco Daniel y otros c/ Universidad Nacional de San Juan s/ amparo Ley 16.986”.
La resolución llega en medio de una movida de actores educativos: las autoridades de la universidad, los gremios docentes y las organizaciones estudiantiles estaban preparando una nueva Marcha Federal Universitaria para el jueves frente al Congreso de la Nación, con reclamos centrados en financiamiento universitario, recomposición salarial y presupuesto para las universidades públicas.
El juez, además, abordó la continuidad de las clases en los institutos secundarios dependientes de universidades nacionales y la recuperación de los contenidos afectadas por las medidas de fuerza.
El origen del caso fue una presentación de familias de alumnos de la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”, la Escuela de Comercio “Libertador General San Martín” y el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”, tres establecimientos que forman parte del sistema de institutos preuniversitarios de la UNSJ. Las familias promovieron un amparo colectivo para garantizar el calendario escolar, los días mínimos de clase y la continuidad de contenidos para el año en curso.
Según el relevamiento de las familias, durante el año se habían acumulado 41 jornadas sin actividad educativa por acciones gremiales, dato que se utilizó como antecedente para fundamentar la demanda. La agrupación, que empezó a gestarse durante el ciclo lectivo, logró reunir a más de 600 familias y recaudó fondos para afrontar los costos del proceso, además de sumar adhesiones al reclamo.
El expediente arribó al Juzgado Federal N.º 1, que evaluó las obligaciones legales vinculadas a la educación secundaria. En los fundamentos, el magistrado indicó que los elementos obrantes en el expediente permiten considerar acreditadas las circunstancias que respaldan las pretensiones de las familias, y ordenó disponer las medidas necesarias para garantizar la continuidad educativa y la recuperación de contenidos en el marco de lo solicitado.
