En el marco de una causa por presuntas estafas en la entrega de viviendas sociales en Chubut, fue imputada Vanesa Elizabeth Fita, hermana del presidente del Partido Justicialista provincial, junto a otras cuatro mujeres. Según la acusación formal del Ministerio Público Fiscal de Chubut, a la que accedió este medio, el fraude abarcaría 594 casos ocurridos entre 2023 y 2024 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, por un monto de 59.400.000 pesos.
La maniobra habría comenzado en abril de 2023, cuando Fita se presentaba como gestora de adjudicaciones de casas supuestamente recuperadas o en construcción por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), aprovechando la alta demanda habitacional de la zona.
La imputada exigía un depósito inicial de 100.000 pesos, argumentando que 80.000 iban dirigidos al IPV y 20.000 para la conexión eléctrica del inmueble.
Para sostener el ardid, se incorporaron Lucía Miranda, María Victoria Curan y Gisela Mansilla como coordinadoras, encargadas de solicitar documentación personal, recolectar comprobantes y mantener la ilusión del trámite.
Las familias afectadas eran incorporadas a grupos de WhatsApp tras realizar los pagos, donde recibían información sobre supuestas adjudicaciones, fechas de entrega y la documentación que debían presentar.
Los pagos se efectuaban en cuentas bancarias personales (Banco Galicia, Naranja Digital) y en billeteras virtuales, todas a nombre de Lara Camila Páez, la cuarta imputada.
Entre mediados de 2023 y principios de 2024, las responsables organizaban reuniones presenciales en lugares públicos, evitando dar fechas concretas.
Con el paso de los meses, las promesas de entrega se fueron postergando. Las acusadas atribuían estas demoras a problemas administrativos y trámites pendientes ante el IPV, según los testimonios de las víctimas.
Uno de los testimonios indicó que Fita aseguraba contar con el respaldo directo del entonces gobernador Mariano Arcioni y de su secretaria para la asignación de las viviendas; sin embargo, no quedó probado que el exmandatario tuviera participación en el caso.
Tras reiterados incumplimientos, algunas damnificadas consultaron a la delegación del IPV y recibieron la confirmación de que todo era falso. El 5 de febrero de 2024, el concejal libertario Omar Lattanzio y vecinos afectados presentaron las primeras denuncias que dieron inicio a la investigación.
Luego de años de pesquisas y operativos, el fiscal general de Chubut, Martín Cárcamo, solicitó formalmente la elevación a juicio por el delito de estafa por calidad simulada e influencia mentida. Se pidieron penas de 6 a 8 años de prisión para la principal imputada y de 1 a 6 años para las mujeres que colaboraron en el esquema.
