El proceso por la reestatización de YPF, que ya supera la década en tribunales de Estados Unidos, añadió un nuevo capítulo: Burford Capital, en representación de Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park, formalizó ayer ante la Corte Suprema de Estados Unidos una apelación mediante un writ of certiorari.
La presentación fue confirmada por el Gobierno argentino. Según la Procuración del Tesoro, los demandantes ya habían señalado su intención de recurrir al máximo tribunal tras la negativa de revisión en banc en el Segundo Circuito de Nueva York.
En la víspera, día en que vencía el plazo establecido por la justicia estadounidense, las partes presentaron formalmente la petición. Desde la Procuración indicaron que ya se esperaba este escenario y que la defensa del Estado continúa con la estrategia prevista, “con uñas y dientes”, para proteger los intereses nacionales.
A mediados de agosto, la Corte Suprema de EE.UU. amplió hasta ayer el plazo para que Burford y sus representados presentaran el recurso, en un movimiento que mantiene abierta la posibilidad de que el máximo tribunal tome la causa.
La apelación formal, conocida en la jurisprudencia estadounidense como writ of certiorari, representa el último intento de los demandantes por revertir la sentencia de marzo, cuando se revirtió en su totalidad la decisión inicial de la jueza Loretta Preska y se evitó que Argentina deba pagar una compensación superior a US$16.000 millones.
En el ámbito judicial, advierten que la solicitud de certiorari no implica automáticamente que el caso vaya a ser revisado; la Corte Suprema tiene la potestad de decidir si admite o no la apelación. El índice de aceptación es reducido: entre 7.000 y 8.000 pedidos por periodo de sesiones, y solo alrededor de 80 llegan a ser analizados.
Además de la vía ante la Corte Suprema, la cadena de tribunales observa una ruta paralela: Burford notificó al Estado argentino que llevará el caso YPF al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), activando un tratado bilateral de inversiones que Argentina firmó con España en 1991. Con ello, el conflicto podría trasladarse a un marco de arbitraje internacional, ampliando las opciones jurídicas en juego.
