El gobierno de Brasil está diseñando un esquema para intervenir en el mercado de deudas vencidas de personas físicas, con un plan presupuestado en 15.000 millones de reales (unos 2.800 millones de dólares) destinados a adquirir carteras por hasta 150.000 millones de reales (aproximadamente 28.000 millones de dólares) de morosidad bancaria.
Se prevé realizar una subasta en noviembre destinada a comprar deudas de consumidores con montos individuales de até 10.000 reales (1.866 dólares) y con antigüedad de entre dos años y cuatro años y medio. El objetivo es centralizar la renegociación, reemplazando el modelo actual en el que cada deudor negocia por su cuenta con su banco.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmaría una medida provisional que autoriza la compra de estas deudas y otra que prohíbe las apuestas en línea, dos medidas que el ministro de Planificación, Bruno Moretti, indicó que están interrelacionadas.
La coyuntura es propicia para Lula: las encuestas muestran una contienda muy cerrada frente al senador Flávio Bolsonaro, con varios sondeos que colocan el empate técnico entre ambos precandidatos.
Además, el gobierno ha incrementado los beneficios del programa Bolsa Família y tomó medidas para reducir el costo de los combustibles, en un esfuerzo por aliviar la presión económica sobre los hogares.
Según Moretti, el stock de deudas en mora, asociadas principalmente a tarjetas de crédito y préstamos personales no descontados directamente del salario, asciende a unos 300.000 millones de reales (unos 56.000 millones de dólares).
La idea es que el Estado compré hasta la mitad de ese volumen —aproximadamente 150.000 millones de reales— y que los descuentos obtenidos en las subastas sean trasladados a las familias, con condiciones que podrían llegar e incluso superar el 90%.
El mecanismo contempla comprar deudas vencidas entre dos y cuatro años y medio, manteniendo montos unitarios de hasta 10.000 reales. Con este esquema, el Gobierno dejaría de depender de renegociaciones individuales y pasaría a gestionar una cartera centralizada con las entidades financieras.
El mercado privado actualmente ya opera con descuentos significativos, con carteras de difícil recuperación que se venden con quitas del 90% al 95%. Se estima que la adquisición de 150.000 millones de reales a un descuento del 90% implicaría un coste fiscal de alrededor de 15.000 millones de reales.
A día de hoy, estas operaciones privadas suman cerca de 50.000 millones de reales por año; el plan oficial buscaría triplicar esa escala. Los bancos presentarían sus portafolios en subastas competitivas, y ganaría quien ofreciera el mayor descuento. La reducción se trasladaría directamente a los hogares.
Moretti señaló que la ejecución podría recaer en el Tesoro Nacional o en una entidad financiera vinculada. En todo caso, el objetivo es institucionalizar una vía de alivio para deudores y darle continuidad a la estrategia económica del Gobierno en medio de un escenario electoral adverso para el oficialismo.
