Los docentes de las universidades nacionales anunciaron una medida de protesta que podría durar hasta 72 horas, a partir del miércoles 30 de septiembre. La decisión se tomó en un plenario del Frente Sindical de Universidades Nacionales (CONADU) y contará con la coordinación de CONADU Histórica para articular acciones.

La delegación sindical aclaró que la huelga se suspenderá únicamente si el Gobierno cumple, antes del martes 29, con la recomposición salarial de 33,4% prevista en la Ley de Financiamiento Universitario. En las últimas paritarias, el Ejecutivo propuso un incremento del 3%, propuesta que fue rechazada por los docentes. Esta confrontación dio impulso a la convocatoria de la quinta Marcha Federal Universitaria, programada para el 15 de octubre.

Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, explicó que la medida busca fortalecer la organización colectiva en un contexto que, según la entidad, está marcado por fragmentación e individualismo promovidos por la administración de Javier Milei. Para los docentes, aún queda pendiente una actualización salarial cercana al 30%.

En paralelo, TN informó que el Gobierno tiene intención de apelar una resolución judicial que le otorgó un plazo de cinco días para cumplir en su totalidad con la cautelar relativa a la Ley de Financiamiento Universitario. El recurso será presentado ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

La apelación apunta contra la intimación dictada por el juez Martín Cormick, al frente del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N11, quien sostuvo que “no existe cumplimiento total” de la cautelar y advirtió que podrían imponerse multas diarias si el Ejecutivo no regulariza la situación dentro del plazo.

La postura oficial, sin embargo, difiere de la del magistrado. Funcionarios cercanos al expediente aseguran que el Gobierno ya dio cumplimiento a la medida cautelar y que así quedó acreditado ante la Justicia, argumento que será central en la presentación contra la nueva resolución.

La apelación, cabe aclarar, no reabre la discusión sobre la cautelar original, la cual ya es definitiva. Fue dictada en diciembre de 2025 y ordenó la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados tanto a la recomposición de salarios para docentes y no docentes como a la actualización de los programas de becas estudiantiles.