En medio del intenso debate por el apartado de Discapacidad incluido en el proyecto de ley de presupuesto, el Gobierno avanza con una salida que describen como “diagonal” para desarmar el choque político. Fuentes del Poder Ejecutivo y del Parlamento, consultadas por LA NACIÓN, indicaron que habrá cambios en las proyecciones económicas para 2027, aunque la Casa Rosada no cederá en todos los puntos cuestionados.
La descoordinación se hizo evidente cuando el texto enviado a Diputados eliminó la actualización obligatoria de las prestaciones para discapacidad y permitió a obras sociales y prepagas fijar sus propias tarifas. Según trascendidos de la mesa política del Gobierno, estas decisiones no habrían sido acordadas en esa instancia, lo que alimentó el malestar interno y entre aliados como Pro y la UCR.
El plan que emanó del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y que recibió el visto bueno de Legal y Técnica, dejó réplicas y tensiones dentro del oficialismo. Mientras una parte del Gobierno sostuvo que el presupuesto mantiene el espíritu de equilibrio fiscal promovido por el presidente Javier Milei, otros detectaron fricciones entre el texto y las expectativas de los aliados.
Con la polémica instalada, habría habido una reunión virtual entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la diputada nacional de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado —quien lidera el diálogo con los aliados en materia de discapacidad y es ex Pro—. Tras ello se sumó a la conversación Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados. A partir de ese intercambio, se fue delineando un “punteo” que el Ejecutivo presentará para obtener un dictamen que estos sectores denominaron “superador” respecto del sistema de atención a discapacitados.
La estrategia es plantear en la comisión que la solución no pase por una simple prórroga de la emergencia, sino por una legislación permanente. De este modo, el oficialismo sostiene que se pueden fijar objetivos, costos, fuentes de financiamiento y mecanismos de control, y reflejar todo ello en el presupuesto 2027 de forma más estable.
Los diputados libertarios, que respaldan esa postura, criticarán en comisión la idea kirchnerista de renovar la emergencia, vigente hasta fin de año. Argumentarán que prorrogar el estatus especial prolonga un modelo excepcional, mientras que establecer un marco normativo de alcance y duración definidos ofrece mayor predictibilidad al sector privado.
“Vamos por un texto consensuado que transite de la excepcionalidad a la permanencia; estamos trabajando intensamente para lograr un buen dictamen”, afirmó, en términos generales, una fuente de la gestión nacional. Otra fuente cercana a la Casa Rosada añadió que el Gobierno cederá en ciertos puntos, pero mantendrá una posición intermedia.
