La Cámara de Casación dejó sin curso el planteo de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner para intentar anular las medidas cautelares sobre 13 inmuebles vinculados a las empresas Los Sauces y Hotesur, tras ya haber desestimado a Cristina Kirchner en su intento de evitar un embargo preventivo sobre San José 1111, propiedad donde la ex presidenta cumple arresto domiciliario en el marco de Vialidad.
La resolución se da en el contexto de una segunda fase de bienes a decomisar, solicitada por el fiscal general Diego Luciani. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), encargado de ejecutar la pena en el caso Vialidad, ordenó embargar de forma preventiva las 13 propiedades de la familia Kirchner. Estas viviendas y locales forman parte del conjunto de bienes que la Fiscalía considera susceptibles de decomiso en esta etapa.
En total, la segunda tanda de decomisos comprende 141 bienes muebles e inmuebles, en su mayoría vinculados a Lázaro Báez y a la ex Presidenta. Los nueve condenados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, a una pena de seis años de prisión por el caso Vialidad, deben responder solidariamente por el decomiso fijado en 685.000 millones de pesos, cifra que la fiscalía atribuye al daño generado por la maniobra denunciada.
El máximo tribunal penal ya había validado el criterio del TOF 2 respecto a la ejecución patrimonial de 111 bienes que integran el primer bloque de decomiso. Esa situación permanece en manos de la Corte Suprema, que debe definir si ordena la ejecución de ese conjunto.
El TOF 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez, Jorge Gorini y Andrés Basso, mantuvo las medidas para resguardar el valor de los bienes y evitar que sus titulares los vendan o alteren su naturaleza ante un eventual segundo decomiso.
Entre los bienes embargados se destaca el departamento de San José 1111, señalado por Cristina Kirchner como propiedad de sus hijos, quienes no formaron parte directa de los hechos juzgados en Vialidad.
El tribunal explicó que, al ponerse en marcha la primera ejecución patrimonial, respondía que todos los bienes incorporados al patrimonio de los condenados entre 2003 y 2015 eran factibles de decomiso; fue en 2016 cuando la ex Presidenta habría transfersido esas propiedades a sus hijos.
La Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, resolvió por mayoría rechazar el reclamo de Máximo y Florencia Kirchner. El voto mayoritario, firmado por Hornos y Barroetaveña, indicó que la decisión del TOF 2 no era recurrible.
