Una controversia de alto voltaje en el transporte automotor metropolitano desembocó, por ahora, en un choque judicial entre actores del sector, instalado en los pasillos de la Justicia federal de Comodoro Py. En juego hay por un lado el Grupo La Nueva Metropol, encabezado por dos de los hermanos Zbikosky; y por otro, cuatro cámaras de propietarios de colectivos, entre ellas una integrada dentro de DOTA, que concentra alrededor del 40% de las unidades que circulan en el área metropolitana.
La disputa no se reduce a una acusación aislada. Hay denuncias de presunta retención de alrededor de 6.500 millones de pesos en subsidios y dos causas penales abiertas, que han llevado a que dos fiscalías y dos juzgados federales lleven expedientes con hipótesis opuestas. Se trata, en palabras de las partes, de una contienda política, judicial y empresarial de magnitud significativa en los últimos años.
El eje central del conflicto gira en torno a una supuesta manipulación u omisión deliberada para modificar la sección tarifaria aplicada a los boletos. El foco de la investigación está puesto en el procedimiento de cobro mediante la red SUBE y en la diferencias entre tarifas correspondientes a secciones de mayor y menor distancia. En concreto, se discute si las empresas prestatarias inflaron la cobranza en pasajes de mayor recorrido y, de esa manera, afectaron tanto al usuario diario como al esquema de distribución de subsidios estatales.
La regulación en cuestión, establecida para el cálculo de subsidios, utiliza la denominada Distancia Media Abonada (DMA) como componente clave. El análisis busca saber si las prestatarias que elevó artificialmente el peso de los pasajes de larga distancia habrían captado una porción indebida de la bolsa de recursos públicos. Dado que el monto total es global, un aumento para un lado implica una reducción para otro; por eso surgen las quejas de las empresas competidoras. Aún no hay pruebas concluyentes.
Para entender el marco, hay que remontarse a abril de 2024, cuando la Secretaría de Transporte emitió la resolución 45, que introdujo una nueva metodología para el cálculo del subsidio. En la práctica, esa norma otorgó mayor peso financiero a los boletos de mayor distancia en detrimento de los de trayectos más cortos.
En mayo de 2025, varias cámaras denunciaron ante la Justicia a Sargento Cabral y a otras líneas del Grupo Metropol por una supuesta alteración masiva de boletos, según señalamientos realizados por las denuncias. La sala de tribunales continúa evaluando estas acusaciones dentro de expedientes que, hasta ahora, sostienen hipótesis contrapuestas y que mantienen el conflicto abierto entre las partes.
