El Gobierno anunció una nueva tanda de privatizaciones orientada a obtener ingresos superiores a los US$1.000 millones antes de cerrar 2024. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, esos fondos están destinados a cubrir vencimientos de deuda hasta 2027.
La jugada más concreta en el sector energético es la venta de participaciones estatales en dos centrales termoeléctricas de gran escala. Se estima que estas operaciones podrían aportar cerca de US$300 millones por cada empresa, para un total cercano a los US$600 millones. El Estado mantiene participaciones mayoritarias en ambas plantas: 65,006% en la Termoeléctrica Manuel Belgrano y 68,83% en la Termoeléctrica José de San Martín. Enarsa, la empresa estatal, busca transferir control manteniendo su posición de control en las compañías, que hoy comparten capital con generadoras privadas como Central Puerto, AES Argentina Generación, Enel Generación El Chocón y Pampa Energía.
Las dos centrales son ciclos combinados de 865 MW cada una. Manuel Belgrano opera en Campana (Buenos Aires) y, según datos de 2024, registró 4.452 GWh de generación y un consumo de gas natural de 766 millones de m³. San Martín funciona en Timbúes (Santa Fe) y produjo 3.338 GWh, con una demanda de gas de 540 millones de m³. La venta, explican desde el sector, sería un nuevo paso en el proceso de privatización por etapas de Enarsa.
Además de estas ventas, ya está en marcha la iniciativa por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), cuyo potencial de recaudación se estima en otros US$500 millones. Por otra parte, habría un segundo intento por desprenderse de Intercargo, en una operación que no fijaría precio base.
Paralelamente, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), a cargo de Diego Chaher, está preparando una nueva ronda de concesiones de activos energéticos. La agenda incluye cuatro complejos hidroeléctricos cuyos contratos originales vencieron y atraviesan procesos de transición, y, en una etapa posterior, los grandes gasoductos gestionados por Enarsa, entre ellos el Gasoducto Perito Moreno, conocido también como “Néstor Kirchner”.
Las autoridades señalan que estas movidas forman parte de una estrategia de desmonte gradual de activos estatales en el sector y de búsqueda de ingresos para cubrir compromisos de deuda. En paralelo, el Gobierno ya transfirió su participación en Citelec (controlante de Transener) por US$356 millones, y adjudicó concesiones para las cuatro grandes represas del Comahue, que dejaron ingresos superiores a US$700 millones. Fuentes cercanas a los procesos confirmaron la información.
