El conflicto por las Malvinas volvió a subir de tono cuando el gobierno británico comunicó, en forma oficial desde Londres, su rechazo a la petición argentina de arbitraje vinculada al Proyecto Sea Lion, que apunta a explotar hidrocarburos en las islas.

Fuentes diplomáticas indicaron a LA NACION que la nota de rechazo fue recibida por la embajadora argentina en la capital británica, Mariana Plaza, el martes. En el texto, Londres afirmó que la iniciativa de recurrir a arbitraje sería un intento de afectar la prosperidad y la seguridad económica de una población con autogobierno.

Al día siguiente, el Gobierno británico publicó un comunicado oficial. Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, afirmó que “el pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro” y tiene derecho a desarrollar y gestionar sus recursos sin intimidación ni interferencia externa. Añadió que las actividades hidrocarburíferas en el territorio están reguladas por la legislación británica y se realizan “en plena conformidad con el derecho internacional”.

Además, Kumaran señaló que durante esta semana el Gobierno británico comunicó al canciller argentino Pablo Quirno—quien acompaña al presidente Milei en París—que los esfuerzos por obstaculizar la actividad económica lícita en las islas no constituyen actos de una relación internacional responsable.

Según las mismas fuentes, Plaza fue informada de los términos de la protesta formal un día antes de hacerse público el texto. La Cancillería no informó del encuentro ni emitió una réplica inmediata.

En su mensaje, la funcionaria británica reiteró que la decisión de acudir al arbitraje sería “un intento deliberado de socavar los derechos y los medios de vida de los habitantes” de las islas. En ese marco, sostuvo que el Reino Unido seguirá trabajando de la mano con el gobierno de Malvinas y sus residentes para defender su autodeterminación y su economía, tal como lo adelantó el primer ministro.