El Gobierno enfrenta un escenario de fragmentación y con la cabeza del Ejecutivo fuera del país, mientras la oposición avanza sobre el DNU 70/2023, tras el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la Ley de Tierras. La estrategia de contención parecía recaer inicialmente en los primos Menem, que mantienen coordinación con Karina Milei durante su estadía en Francia; sin embargo, las gestiones siguen en espera del regreso del “Jefe” y en medio de cruces constantes con Patricia Bullrich y diferencias con la facción que lidera Santiago Caputo.
Ayer, las fuerzas opositoras —Unión por la Patria, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas— buscaron los votos para una sesión especial contra el decreto. En Diputados, los Menem dejaron trascender que evalúan introducir en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (aprobada en el Senado con cambios y pendiente de debate en Diputados) algún tipo de restricción “mínima” a la compra de tierras. El objetivo, señalaron, es “desactivar” la tramitación del DNU de desregulación.
En un primer momento celebraron haber adelantado a Bullrich en la reacción. Pero no contaban con que la senadora ya había cruzado de nuevo a Federico Sturzenegger por incluir el capítulo de tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —el que luego fue tratado para evitar que toda la batería de medidas cayera—, según consignó La Nación durante un acto con motivo del 30° aniversario de la Constitución porteña. La lectura oficial fue que quizá debieron esperar a la intervención judicial para avanzar en la ley, en lugar de presentarla de inmediato.
La contraoferta del oficialismo aparece sin un consenso claro entre las distintas patas. Aunque callado, persiste el choque entre los Menem y Caputo. El Gobierno viene de una disputa de la semana pasada entre quienes conducen la política y la Economía por recortes en el área de Discapacidad del Presupuesto.
Caputo intenta evitar reavivar conflictos y desplaza su foco hacia Malvinas, considerándolo propio, evitando meterse en otros temas que provoquen roces. Aun así, hay matices: en el sector de Karina Milei estiman que la base aliada podría comprometerse a fijar un tope del 15% a la venta de tierras en lugar de derogar por completo el DNU. Pero la presión es fuerte: las dos CTA convocaron a movilizarse el martes 6 de octubre, a las 15, frente a la Corte Suprema; la CGT repudió el fallo y llamó a Diputados a rechazar el decreto. Y es apenas el inicio de la contienda, advierten en la Casa Rosada, que ya anticipa una nueva oleada de descontento social.
Más allá de los planteos legislativos, persiste un gran cuestionamiento interno sobre la gestión de la Ley de Tierras y su impacto político.
