El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció el procesamiento de ocho personas en la causa por el ataque a la AMIA, calificando la medida como un avance judicial significativo en un caso que acumula más de tres décadas sin sentencia condenatoria. En su mensaje difundido en la red social X, el funcionario subrayó la utilización de la figura del juicio en ausencia y anticipó que, a partir de la resolución, se aproxima un juicio oral por estos hechos.
La resolución fue firmada por el juez federal Daniel Rafecas, subrogante del Juzgado Federal N° 6, y se apoya en las pruebas reunidas por la Unidad Fiscal Especial AMIA (UFI AMIA), a cargo de Sebastián Basso. En un documento de 648 páginas, Rafecas procesó a ocho individuos con distintos roles en la planificación y ejecución del atentado y dictó un embargo de 500 millones de dólares para cada uno.
La investigación reconstruyó que la planificación del ataque habría comenzado en agosto de 1993. Según el fallo, la decisión política vino de la cúpula del régimen iraní, mientras que la parte operativa estuvo a cargo de Hezbollah, con base en Líbano, y contó con una red de apoyo local y regional que operó desde la zona de la Triple Frontera.
Entre los indicios, la resolución detalla los días previos al atentado. El 10 de julio de 1994 se adquirió una Renault Trafic que, cinco días después, ya estaba acondicionada con 300 kilos de explosivos (amonal y TNT). El vehículo permaneció en un garaje a cuatro cuadras de la AMIA hasta la mañana del 18 de julio, cuando fue utilizado para ejecutar la acción.
Rafecas marcó diferencias entre las responsabilidades atribuidas a los procesados. Cuatro exfuncionarios iraníes fueron considerados autores mediatos: Ali Fallahijan (exministro de Inteligencia), Ali Velayati (exministro de Relaciones Exteriores), Mohsen Rezai (excomandante de la Guardia Revolucionaria) y Ahmad Vahidi (líder de la fuerza Al Quds).
Como cómplices necesarios figuran Hadi Soleimanpour (ex embajador de Irán en Argentina), Mohsen Rabbani (referente religioso y consejero cultural de la embajada iraní) y Ahmad Asghari (agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria). El octavo procesado es Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda, de nacionalidad libanesa y vinculado a Hezbollah; a él se le atribuye la coordinación operativa de la fase correspondiente al ataque.
La resolución, basada en evidencia de la UFI AMIA, establece así un nuevo capítulo en una causa que, durante años, permaneció sin condena, y abre la posibilidad de un proceso oral en Argentina para los hechos atribuidos.
