El Gobierno cerró la redacción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional respecto de Malvinas y tiene previsto remitir el proyecto este miércoles a la Cámara de Diputados, tras finalizar el cierre técnico de un texto amplio que reúne instrumentos en distintas áreas.
El pasado martes se confirmó que la iniciativa sería ingresada al sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) para completar el circuito administrativo previo al envío parlamentario. Cerca de las personas que participaron en la elaboración, luego de un trabajo que se prolongó, señalan que el objetivo es concretar el envío durante la jornada y que la propuesta quedó estructurada en unos seis capítulos o títulos.
El cierre de la redacción se extendió hasta las últimas horas por la complejidad de su articulado. En la madrugada de hoy se continuó afinando la versión definitiva y, desde el Gobierno, remarcan que la prioridad fue terminar el texto sin apurar el proceso político.
La mesa política había informado oficialmente que la iniciativa ingresaría a Diputados en esta semana, y en paralelo hubo diferencias internas sobre los tiempos de presentación. Partes del oficialismo aguardaban un timing distinto, y en distintos momentos circularon fechas para el envío. Quienes trabajaron en el articulado, en cambio, niegan que el lunes haya sido un plazo técnico fijado para terminarlo.
La discusión sobre el timing había sido anterior incluso a la sesión en la que la oposición insistió con temas como endeudamiento familiar y Discapacidad; se evaluó incorporar Malvinas en el recinto, pero el Presidente Milei descartó esa opción para no llevar a sesión un proyecto aún no cerrado.
Parte del armado parlamentario no tuvo acceso anticipado a la versión final; quienes negocian la letra fina admiten que esperaron el texto definitivo para empezar a trabajar sobre el contenido, mientras la redacción quedó concentrada en un núcleo reducido durante los últimos días.
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional fue anunciada por Milei el 3 de septiembre. Entre sus ejes figuran la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un régimen de protección de infraestructura crítica y marcos específicos para la protección aeroespacial y marítima. Estos pilares ya habían sido adelantados por la Casa Rosada cuando presentó formalmente la iniciativa.
Uno de los capítulos centrales apunta a endurecer las herramientas contra empresas y actores vinculados a actividades en las islas sin autorización argentina. Inicialmente se exploró el régimen para hidrocarburos y se evaluó ampliar su alcance a pesca, minería y otras actividades productivas.
El Ejecutivo ya habría comenzado a aplicar medidas en el sector petrolero mediante un decreto, según lo informado. Se espera el paso siguiente: la remitición formal del proyecto a Diputados para su tratamiento.
