Una planilla elaborada por una consultora privada, que reúne a 111 empresas que participaron en obras públicas en todo el país, fue utilizada por la defensa de Cristina Kirchner para pedir la anulación de la sentencia condenatoria por corrupción que la Corte Suprema ratificó hace un año. Según una fuente judicial citada por Clarín, ese listado contrasta con tres planillas que sí fueron analizadas y valoradas durante el juicio por el caso Vialidad, y que, afirma, desmienten ese informe privado que no fue puesto a disposición de las partes en el debate.
Los abogados que representan a Kirchner ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y el defensor en la Argentina, Carlos Beraldi, anunciaron la existencia de “un elemento nuevo” trascendente que, sostienen, prueba que la sentencia fue injusta y que es inocente la persona condenada. Este hallazgo podría, explicaron, derivar en un pedido de revisión del fallo previsto por el sistema ante la incorporación de evidencia nueva que no estaba disponible al momento de dictarse la sentencia.
En cuanto a la finalidad, Beraldi afirmó que la intención es que la condena caiga, que Kirchner recupere su libertad y retome su actividad política, subrayando que “hay un montón de gente” que comparte esa expectativa.
La planilla cuestionada fue confeccionada a partir de una declaración testimonial escuchada durante el juicio Cuadernos, iniciado el 6 de noviembre y que continúa en curso. Aquel testigo, un exintegrante de la Dirección Nacional de Vialidad, relató, entre otros puntos, la inversión de un fideicomiso creado por el Decreto 54/2009 para habilitar la disposición de fondos para obras en todo el país.
Este primer punto de contacto con la documentación presentada por la defensa contrasta con la jurisdicción en la que se investigaron los hechos en Vialidad: la provincia de Santa Cruz. La sentencia de Gorini, Giménez Uriburu y Basso sostiene que, entre 2003 y 2015, se tramitaron 51 procesos de licitación pública para obras viales en Santa Cruz y que se dio una maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses de la administración pública nacional. El tribunal añadió que las obras en Santa Cruz fueron adjudicadas de forma sistemática a un grupo de empresas vinculadas a Báez, y que el crecimiento económico del holding estuvo asociado de manera directa con la asignación de obra pública vial en esa jurisdicción.
La condena, según el fallo, está vinculada a circuitos de licitaciones que beneficiaron a ese grupo. La defensa, por su parte, sostiene que la incorporación de la nueva prueba podría abrir la vía a una revisión que cambie el resultado y permita la posibilidad de reanudar la vida pública de Kirchner.
