El juez federal Lijo dio curso a la solicitud del fiscal Gerardo Pollicita y dispuso una batería de medidas de prueba para avanzar en la investigación contra Claudio Tapia, presidente de la AFA, acusado de enriquecimiento ilícito relacionado con su desempeño en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
La pesquisa nace de una denuncia presentada en abril por Guillermo Tofoni, empresario que mantiene un enfrentamiento legal con Tapia. En su presentación, Tofoni sostiene que Tapia logró un aumento patrimonial significativo mientras ejercía funciones en la CEAMSE.
Según la documentación del expediente, en 2017 Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal de 17 millones de pesos, más un vehículo y 1,5 millones de pesos en efectivo.
En la declaración correspondiente a 2024, el panorama patrimonial de Tapia mostró depósitos que superan los 1.002 millones de pesos distribuidos en distintas cuentas, más de 39 millones de pesos en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro.
La denuncia también focalizó los ingresos declarados por Tapia en sus distintos cargos: 100.233.144 pesos anuales como presidente de CEAMSE y 718.536.500 pesos como vicepresidente de CONMEBOL. Su función en la AFA se describe como ad honorem.
El expediente se originó en la Justicia porteña, pero posteriormente surgió un conflicto de competencia por la naturaleza interjurisdiccional de CEAMSE, que integra a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.
Tapia forma parte de CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente; en 2024 pasó a presidirlo por decisión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Entre las medidas autorizadas, la Justicia también buscará información sobre inmuebles, cuentas, participaciones societarias, vehículos, embarcaciones y aeronaves que Tapia tenga o haya tenido durante el período analizado. Además, se solicitarán datos sobre movimientos migratorios, historial laboral y remuneraciones, así como eventuales reportes de operaciones sospechosas y los cargos y pagos recibidos de CONMEBOL.
La Fiscalía busca compilar toda esa documentación para elaborar un informe patrimonial, económico y financiero que permita contrastar la evolución de bienes y movimientos con los ingresos declarados en los años bajo análisis. El objetivo es determinar si existe correspondencia entre ambas variables y si hay elementos que justifiquen nuevas medidas en la causa.
