La senadora Patricia Bullrich volvió a marcar distancia con el gobierno de Javier Milei tras la condena a cuatro periodistas que habían cubierto una comunidad originaria en Formosa. A través de su red social, la dirigente aseguró que la libertad de prensa debe respetarse y criticó el fallo que impuso cinco días de arresto —con posibilidad de conmutar por multa— a los integrantes del equipo que viajó a la provincia para entrevistar y registrar las condiciones de vida de una comunidad indígena.
Los periodistas identificados fueron la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán. El tribunal, el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas a cargo del juez Omar Padilla, consideró que violaron el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa al realizar su trabajo sin la autorización previa requerida y sin contar con carnet profesional.
El hecho se remonta a una cobertura realizada en septiembre de 2025 en la comunidad San José, en la zona de Las Lomitas. Durante la tarea periodística, el equipo fue detenido por la policía y trasladado a una dependencia, donde permaneció cerca de dos horas hasta recibir una denuncia en su contra. Según la versión de la denuncia, el documento que firmó el cacique local Guillermo López no fue leído en su totalidad por él mismo, quien afirmó desconocer su contenido.
Tras conocerse la sentencia, asociaciones periodísticas como ADEPA y FOPEA expresaron su rechazo y cuestionaron la sanción a profesionales por el ejercicio de su tarea. ADEPA recordó que en Argentina no existe un requisito de licencia, matrícula ni autorización estatal para ejercer el periodismo, mientras que FOPEA advirtió que la decisión podría sentar un precedente preocupante para la libertad de prensa y la actividad periodística. Por su parte, Milei celebró la resolución mediante redes sociales, calificando a los periodistas de “basuras inmundas con micrófono” y alegando que estaban alineados con grupos corruptos y golpistas.
La controversia aviva el debate sobre la libertad de prensa en Formosa y en el país, en un marco en el que distintos actores exigen garantías para la cobertura de temas controvertidos y para la relación entre autoridades y periodistas.
