La Corte Suprema de Justicia rechazó un pedido de inhibición presentado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, contra el Juzgado de Garantías 2 de Concordia, Entre Ríos. En ambos tribunales se investiga al exlegislador Edgardo Kueider por presunto enriquecimiento ilícito, y la decisión deja abierta la posibilidad de que los dos expedientes avancen de forma simultánea.
Arroyo Salgado había pedido al juez entrerriano Ives Bastián que retire las pesquisas y que envíe las actuaciones a su juzgado. Ante la negativa de Bastián, el conflicto acabó en la Corte, que representa la instancia superior común para tribunales de jurisdicciones distintas.
El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, es breve: se rechaza el planteo de inhibición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 1 de San Isidro y se informa al Juzgado de Garantías n° 2 de Concordia. De esta forma, la Corte asume como válido el argumento del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, quien sostuvo que no es prematuro plantear una inhibitoria y que el hecho de que Kueider haya sido investigado en San Isidro no implica que no existan otras pesquisas en Concordia.
A raíz de estas diligencias, Arroyo Salgado también había gestionado la extradición de Kueider desde Paraguay, que dio su visto bueno condicionando que el exsenador culmine de rendir cuentas ante la Justicia paraguaya. En Paraguay, Kueider tiene condena por tentativa de contrabando y una causa en trámite por lavado.
La Corte, al permitir la continuidad de ambas investigaciones, no otorgó exclusividad a la investigación de Arroyo Salgado. En consecuencia, cuando la autoridad paraguaya finalmente disponga la entrega de Kueider a la Argentina, deberá presentarse ante el Juzgado correspondiente.
Casal evaluó qué otros elementos tenían bajo lupa. Arroyo Salgado había centrado su atención en Kueider a partir del caso Securitas, donde se investigan sobornos pagados por la empresa de seguridad privada para asegurar contratos con organismos públicos, incluido Enersa, la eléctrica provincial de Entre Ríos, donde Kueider ejerció como representante de acciones del Poder Ejecutivo.
A ello se sumó una denuncia basada en datos publicados por El Disenso sobre la declaración jurada patrimonial de Kueider cuando era senador. La magistrada conectó esos elementos y abrió otro expediente, al mismo tiempo que tomaba conocimiento de la pesquisa que ya fomentaban Bastián y el fiscal José Arias en Concordia. En esa investigación de Concordia se analizan hechos ocurridos desde 1999, cuando Kueider ingresó a la función pública como concejal de la ciudad, hasta la actualidad.
